El caso denominado respiradores I se conoció en mayo, en plena propagación del coronavirus. Se trata de la adquisición de 170 equipos, cuyo precio oscilaba entre 10.312 y 11.000, pero que el Gobierno terminó comprándolos en 27.683 dólares cada uno. Ahora, tres meses después, salió a la luz el caso respiradores II, donde el Gobierno habría pagado un presunto sobreprecio de siete millones de dólares por 324 máquinas de fabricación china.
Estos casos han generado una serie de reacciones de autoridades, políticos y ciudadanos, quienes coinciden en que es inaceptable que el Gobierno haya realizado esas adquisiciones pagando sobreprecios tan elevados y, en el caso de los equipos españoles, existan sospechas de negociados. Una prueba es que hay varias personas encarceladas, pero también cuestionan que no existan avances importantes en las investigaciones.
Se conoce que el precio total por cada equipo chino, incluido el transporte, alcanzó en promedio los 12.963 dólares. El Ejecutivo, mediante la contratación de una empresa intermediaria española, pagó casi el triple: 35.000 dólares por cada uno, lo que implica un supuesto sobreprecio total de 7.1 millones de dólares. En total, el Estado pagó 11.3 millones de dólares por los equipos.
Como era de esperarse, el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, dijo el jueves que cada respirador costó 18.500 dólares y dio varias explicaciones del porqué los equipos terminaron por costar 35.000 dólares; agregó que aparte tuvieron que comprar “trampas de agua, estabilizadores, conectores de oxígeno, abrasadores, filtro, círculo y otros”, por otros 1.262 dólares. A eso se suma gastos de emisión y mantenimiento de la boleta, transferencia internacional, pago del IVA, impuesto a las transacciones e impuesto a las utilidades, además de los honorarios de la agencia aduanera que sumaron 7.528 dólares por equipo. Solo por el IVA e IT se pagaron 6.432 dólares.
El Gobierno dio a conocer una danza de números para tratar de justificar la compra, pero, quien trata de explicar mucho a veces termina enredándose. El Parlamento decidió investigar y pedir informes pormenorizados sobre la adquisición de los respiradores chinos, situación que es lógica y necesaria, pero además urgente.
Bolivia está viviendo tiempos muy difíciles por la pandemia, soporta una profunda crisis económica y no puede darse el lujo de perder ni un centavo en compras.
Los equipos que se adquirieron son útiles para salvar vidas, aunque varios de ellos también presentaron fallas, pero nada justifica el manejo poco transparente de la cosa pública. Ojalá que en los próximos días el Gobierno amplíe la información de esa transacción comercial y que el caso no quede en la impunidad, como está sucediendo con otras denuncias de presuntos hechos de corrupción registradas en la corta gestión de la Presidenta Áñez.
