La transparencia e imparcialidad de las elecciones bolivianas del 18 de octubre está amenazada en Buenos Aires por la descarada injerencia del gobierno populista argentino que protege, alienta y hasta rinde informes a Evo Morales, pero principalmente por la presencia de unos funcionarios del Tribunal Electoral cuestionados porque fueron parte del órgano electoral fraudulento en el pasado reciente.

Salvador Romero Ballivián, presidente del Tribunal Supremo Electoral, debe tomar acciones inmediatas para hacer ese cambio en Argentina para que el proceso sea limpio, y con ello contribuirá también a despejar, como efecto colateral, las varias dudas que en estos meses se han estado ventilando sobre su propia imparcialidad.

“La mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo”, dice la célebre sentencia romana y algo de eso le llega al magistrado Romero, que hace pocos días con un artilugio legal se lavó las manos para no tomar acción frente a la denuncia de inhabilitación del candidato Luis Arce, del MAS. por difundir encuestas por un medio de comunicación, en un hecho que tiene un precedente similar claro y sin vueltas.

La canciller Karen Longaric advirtió el jueves que el gobierno argentino de Alberto Fernández prácticamente anunció la manipulación del voto boliviano en las urnas el 18 de octubre cuando una de sus autoridades se comprometió con Evo Morales a “fortalecer la participación de migrantes bolivianos para que Bolivia vuelva a ser un país libre y democrático”.

La injerencia del gobierno argentino es evidente, no admite duda alguna y por lo mismo, considerando además que los funcionarios electorales de Buenos Aires son quienes administraron todos los procesos electorales de la era Morales con las consiguientes dudas de imparcialidad que quedaron demostradas el 20 de octubre, el TSE está en la obligación de tomar recaudos y cambiar a ese equipo.

No hay que olvidar que en el informe pericial que elaboraron los expertos de la Organización de Estados Americanos se detectó que en Argentina hubo más papeletas que votantes inscritos. Eso fue manipulado por alguien y es por eso que las dudas son abismales con relación a los funcionarios del Órgano Electoral en ese país.

Por alguna razón Romero es renuente a cambiar a los funcionarios del Órgano Electoral Plurinacional, ya que incluso se sabe que varios técnicos que trabajaron en la elección del 20 de octubre continúan prestando servicios en las mismas posiciones.

Más de una vez Romero ha respondido que no vio necesario hacer el cambio de gran parte de ese personal, pero sus expresiones -y decisiones en ese sentido- parecen tener un aire de ingenuidad, para no pensar que priman otros intereses, y menos aún compartir las críticas que lo señalan como contemplativo con el Movimiento al Socialismo.

Al TSE no le gusta actuar de oficio y prefiere esperar formalmente las denuncias, pero en este caso el Cónsul General de Bolivia en Buenos Aires, Alberto Pinto, ya hizo la solicitud de la remoción de siete funcionarios que trabajan permanentemente en la oficina electoral de esa ciudad.

No hace falta recordar la importancia numérica del voto de la comunidad boliviana en Buenos Aires. Ahí tiene una razón más el TSE para actuar.