«El grado de injerencia es realmente sorprendente y ofensivo, no solo a Bolivia, sino a todo lo que constituye las relaciones internacionales y las relaciones en el espacio de los países de América del Sur (…), es una injerencia descarada, que sobrepasa ya todos los límites», dijo la autoridad, durante una entrevista con Cadena A.

A través del conducto diplomático, Argentina reconoció en febrero al gobierno de Bolivia que se dio por efecto de una transición en el marco de las reglas democráticas, no obstante, la administración de Fernández tildó de «de facto» a la presidencia a cargo de Jeanine Áñez.

Bolivia reclamó a Argentina, en varias ocasiones, por las declaraciones del expresidente Evo Morales, quien actualmente vive en Buenos Aires en calidad de refugiado, a pesar de las acusaciones legales que se ventilan en su contra.

Recientemente, el gobierno de Fernández, a través de su representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA), descalificó la legalidad del gobierno boliviano, cuando ese organismo internacional analizó la crisis provocada por los bloqueos de caminos promovidos por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

El 22 de agosto, el subsecretario de Obras Públicas de Argentina, Edgardo Depetri, reveló que se reunió con el expresidente Evo Morales (refugiado en ese país) y se comprometió «a fortalecer la participación de migrantes bolivianos» en las elecciones del 18 de octubre.

Tres días después de la reunión de funcionarios argentinos con Morales, la Cancillería argentina emitió un comunicado refiriéndose al informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la crisis política que provocó la renuncia de Evo Morales a la presidencia por efecto del informe de la OEA que identificó «una manipulación dolosa» de los datos electorales de 2019.

No obstante, el pronunciamiento argentino usó el reporte de la Alta Comisionada para volver a descalificar al gobierno de la presidenta Jeanine Áñez y pasó por alto las críticas de ese organismo respecto a las responsabilidades de Morales en la crisis política de 2019.

«Entonces, son dos hechos más que se suman a una serie de displicencias que hemos sufrido desde el Gobierno argentino (…) y la Cancillería boliviana siempre reaccionó en el marco de la diplomacia», sostuvo Longaric.

Sin embargo, la Canciller afirmó que la actitud diplomática de Bolivia no tuvo ningún efecto positivo para reflexionar la actitud del gobierno argentino, que «por proteger a un expresidente (Evo Morales), por intereses de carácter ideológico y político se ha estrellado contra el gobierno de la señora Jeanine Áñez».

Remarcó que el informe de Bachelet «tiene una lectura muy objetiva en algunas partes» sobre lo que realmente ocurrió en Bolivia, porque también reconoce que previo al 10 de noviembre se realizaron marchas pacíficas en repudio al fraude electoral.

Además que, luego, se produjeron hechos vandálicos y violentos promovidos por grupos afines a Morales, lo que el Gobierno argentino omitió en su cuestionado comunicado.

«Pero más allá de cualquiera que fuera el contenido del informe de la señora Bachelet, ellos (en Argentina) no tienen ningún derecho a inmiscuirse en los asuntos internos de otro país. La política interna de los países debe ser respetada, además hay algo muy grave, ellos de manera permanente vienen calificando al gobierno de la señora Jeanine Áñez como golpe de Estado o gobierno inconstitucional», insistió la Canciller.

Longaric agregó que en el mismo informe de la Alta Comisionada se reconoció expresamente que el Gobierno boliviano deviene de una sucesión constitucional reconocida por el Tribunal Constitucional. Por tanto, «ante esa verdad, la Cancillería Argentina hace una distorsión con absoluta falta de seriedad», insistió la jefa de la diplomacia boliviana.

Entre tanto, legisladores de la oposición al gobierno argentino remitieron peticiones de informe para que la Casa Rosada explique el estatus real del expresidente Evo Morales, así como la necesidad de que Fernández se declare «imparcial» frente al proceso electoral del 18 de octubre.

La preocupación de la comunidad política argentina tiene que ver, además, con las denuncias que Morales enfrenta por estupro, un delito que pudo cometer por mantener vínculos con menores de edad.