En el país abundan criterios de que esta gestión de Estado tiene una variedad de motivos para haber depurado a magistrados y jueces, no por su partidismo, sino por la mala administración de justicia. En el Ministerio Público es poco menos que desembozada la actitud partidista del Fiscal General, Juan Lanchipa, quien mantiene adormecidas más de 100 causas con pruebas contra ex funcionarios, en sus dependencias, según continuas denuncias. Con respecto a los magistrados, las cosas no andan mejor. Una Vocal del Tribunal Departamental de Santa Cruz hace muy poco firmó mandamiento de libertad a favor de Alex Ferrier, ex Gobernador del Beni, encausado por malos manejos, destacando una millonaria inversión en un camino apenas iniciado, obra abandonada por una empresa improvisada, sin licitación. La ex autoridad no rindió cuentas de este y de otros casos. Esta vez la fiscalía impugnó la apelación y se preparaba una acción de Amparo para revertir la decisión. Además el Ministerio de Justicia ha anunciado un juicio por prevaricato contra la Vocal responsable.

Sorprendió, asimismo, que en el caso de los dos asesinados en Montero en acciones para sofocar las protestas populares contra el fraude electoral, otro magistrado decidiera la libertad de Daysi Choque, diputada electa del MAS, acusada como autora material e intelectual del hecho. Junto a la detenida preventivamente se encontraban en situación similar el alcalde de Montero, Mario Batista y el hermano de Deysi Choque, Bismark, más cinco sindicados, todos liberados al presente. Claramente el fiscal asignado no cumplió a cabalidad su misión de defensor de la sociedad, dejando impunes las muertes de Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas.

Por los mismos actos terroristas de Montero, el guerrillero de las FARC colombianas Fernando Molares, alias comandante Camilo, detenido en Chonchocoro, en audiencia virtual debía tratarse su pedido de libertad por haber transcurrido ocho meses de prisión, también responsabilizado por los asesinatos de Montero y visto con armas en las mano. Resultando herido fue atendido en el domicilio de la enfermera Flora Guzmán Totola y por sus dos hijos, uno médico. Por su parte y sin mayores investigaciones, la enfermera y sus parientes fueron absueltos. Al efecto se había alegado que les asistía el derecho de secreto profesional.

Se suma a esta ola de absoluciones precipitadas de los tribunales, el caso del abogado “torturador” JhasmaniTorrico, quien se encontraba con detención en su domicilio. Este personaje considerado de “alta peligrosidad” tenía a su disposición a una banda junto a la cual propinaba palizas a presuntos deudores, como el “mejor” medio resolutivo de deudas, y no recaer en “tormentosos” juicios en la Justicia Ordinaria. Esta inusitada decisión está a cargo de la juez Mabel Gutiérrez Vallejos. Este es un corto examen de la actitud favorecedora de jueces y fiscales. Alrededor, se cree que prima el soborno, costumbre que desdice una transparente gestión de la Justicia, salvo pocos jueces honorables.