En un país donde los que no tienen votos para gobernar intentan mandar como elegidos, han sustituido la carencia con factores de poder y realidades construidas. Esta artificialidad conduce a una interpretación que configura un microclima social, que en los hechos es, la vista mínima y parcial de aquello por donde transita la esencia de un país. Muy por encima de la subjetivación política montada, de forma inevitable, la situación evidencia su caracterización por acumulación repetitiva de sucesos. Producto de ello, tres elementos sobresalen cotidianamente impregnando la dinámica nacional más allá de los ocultamientos o acciones de soslayo.

La polaridad social irresuelta desde el amanecer mismo de la república se presenta cíclicamente bajo lógicas circulares de sustitución de élites, con periodos de dominio que consumen ciclos políticos enteros. En un lado, una ingente corporatividad social y popular, diversa y enormemente plural, extendida por el territorio nacional en sus cuatro ejes como formas de organización comunitaria a momentos, sindical en otros espacios y económica y comercial habitualmente.  Frente a ella, los estamentos urbanos y clases medias, articulados como muestras de validación social y referencias de éxito con el Estado y sus posibilidades de administración. Visiones distintas de la vida en sociedad, de la política, la economía y la igualdad social y étnica. Unos clamando ser visibilizados y los otros evitando no ser señalados ante la evidente resistencia al pedido.

Una conducta crónica de no obediencia a la ley, las normas y la estructura legal del país se ha instalado desde hace unos años como hábito corriente entre los actores sociales e institucionales, condicionando su aceptación a una compatibilidad estricta con sus agendas políticas y corporativas. La exacerbada rivalidad social en momentos de desenfreno político y de sobrevivencia de sus principales figurantes, hace que la institucionalidad de la norma sea degradada a un acatamiento condicionado por circunstancias de contextos favorables en función de quien concentre el poder. La consecuencia es una CPE que va quedando en suspenso, para ser simple referencia discursiva ante la acometida politizadora del poder que ha desnaturalizado la Justicia y la institución que da cumplimiento coactivo a la misma. En términos institucionales, un retraso corrompido desde hace más de cuarto de siglo.

La tercera variable de incidencia sobresaliente en la actual coyuntura nacional está señalada por el accionar de la corporación mediática empresarial, en ella convergen intereses económicos y de grupo antes que comunicacionales. Con puntualidad calculada avanza en sintonía coordinada con el poder, modulando la agenda política y social con campañas marcadas que inciden en el ánimo de la sociedad, fundamentalmente, en los estratos medios y urbanos. Ese accionar, desprovisto de ecuanimidad y acentuadamente político, ya va visibilizando los efectos colaterales que contribuyen a la distancia polarizada de los sectores sociales en la disputa estatal.

Con estos factores interviniendo, a momentos simultánea o indistintamente sobre nuestro contexto y coyuntura, la agenda del grupo de poder actual, que trasciende al Gobierno central pues representa en sí un proyecto de clase multipolar, vuelve a proponerse —utilizando el mismo término nuevamente— modular la opinión pública para buscar otra postergación del proceso electoral, en desobediencia crónica a la nueva Ley 1315 y dañando los acuerdos de tranquilidad momentánea conseguidos con el TSE, la Iglesia Católica y los organismos internacionales que se constituyeron en garantes del proceso.

Ante la corporación mediática empresarial y la conducta crónica de no obediencia a la ley, lo social popular contrapesa con ese espacio inacabado donde la realidad no puede ser desconocida porque es invisible a ellos. La calle ha devuelto el poder a su único dueño: el pueblo.

Jorge Richter es politólogo.