En ese tren, la indicada mayoría pretende pasar por encima del resto de poderes del Estado y en especial ha cortado de raíz la cadena de transmisión con el Órgano Ejecutivo. Aunque existe la separación de poderes, no significa desconocer una coordinación natural con el resto de niveles del Estado. La legislación debe ser un instrumento al servicio de un país y no una plataforma política.

Descubriendo la injerencia del MAS en el pasado bloqueo deshumanizado que atentó contra la vida de más de 30 personas afectadas por la Covid 19 por impedir el tránsito de oxígeno, ambulancias y otros insumos médicos durante 12 días, Betty Yañíquez, diputada de ese partido, presentó el proyecto de ley de Inmunidad Retroactiva a favor de los responsables de ese crimen.

Sobresale que dicha persona que ofició muchos años de fiscal de la República y culminó nada menos que de Fiscal de Distrito del departamento de La Paz --cargos específicos de lucha contra el delito-- pretenda ahora garantizar con la impunidad a los agentes responsables del deshumanizado bloqueo de 12 días y ampararlos después de haber provocado el deceso de muchas personas por los excesos del mencionado bloqueo. Su propuesta de ley busca blindarlos bajo la figura de “protesta social”, coartando precisamente la función fiscal y punitiva del Estado.

Tenemos otras leyes discutibles. La Ley del Estado de Excepción, antes Estado de Sitio, desvirtúa la normativa inscrita en la nueva Constitución por el propio MAS. Esta disposición de 17 de junio pasado ata de manos al Ejecutivo en el tema y no disimula proteger próximos actos de subversión. Otra es la de arraigo de los actuales gobernantes y de los y las miembros de ambas cámaras legislativas, durante tres meses posteriores a la posesión del nuevo Gobierno, a fin, dice, que rindan cuentas de su gestión. Parece partir del supuesto optimista de que el MAS volvería al gobierno.

Otro acto no menos curioso se refiere al otorgamiento de salvoconductos a los asilados políticos en la Embajada de México. Hasta donde se sabe, ha sido aprobado en Diputados. Parece arrogar la expedición de salvoconductos al propio Órgano Legislativo. Como las otras disposiciones pretendería invadir atribuciones de otros poderes. Figuran también la ley de rebaja de alquileres de vivienda y comerciales, de orden estricto de acuerdo de partes. Toda esta legislación ha sido remitida en consulta del Tribunal Constitucional y se aguarda su pronunciamiento para saber si cumplen o no los requerimientos de la Constitución.