La OACNUDH en su informe explicitó la vulneración de derechos que se cometieron en los conflictos de Sacaba y Vinto en Cochabamba, Senkata en El Alto, donde grupos de personas salieron a las calles en defensa del gobierno de Evo Morales y fueron reprimidas con violencia por las fuerzas del orden, tras las cuestionadas elecciones presidenciales.

Dicha instancia, detalló los atropellos cometidos contra los movilizados, hizo un conteo de muertos y heridos en los conflictos, también hizo referencia a la persecución judicial contra los movilizados y cuestionó la conformación de grupos civiles de seguridad. También condenó el hostigamiento a la Defensoría del Pueblo, acusada de parcialización hacia el gobierno de Morales,  y el ataque al gremio periodístico. En torno a esos temas hizo una serie de recomendaciones.

Sin embargo, la instancia internacional omitió registrar la violación de derechos cometidos por grupos de personas que salieron a las calles en defensa de Evo Morales y atentaron contra la seguridad y la vida de la población, sin que las instancias del Estado, llamadas a precautelar el orden y la seguridad actuasen de manera efectiva.

Existen seis hechos relevantes que no aparecen detallados en el informe de la OACNUDH.

Amedrentamiento a sectores vulnerables con uso de explosivos

Tras las elecciones generales, grupos afines al MAS salieron a las calles de la urbe paceña e hicieron un uso excesivo de explosivos (cachorros de dinamita), pese a que está prohibido por una ley y decreto promulgado por el propio Evo Morales.

La población hizo conocer sus quejas, pero el gobierno del MAS no hizo cumplir la norma e intentó justificar esas acciones.  

Muertes de ciudadanos en Montero

Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas fallecieron por impacto de bala el 30 de octubre de 2019 en Montero (Santa Cruz), durante el enfrentamiento de militantes del MAS y cívicos. El caso aún no fue esclarecido y tampoco fue tomado en cuenta por la instancia internacional. No hubo intervención de la policía para evitar dichos enfrentamientos y muertes, lo que fue denunciado en febrero de este año por algunos coroneles de dicha institución, respecto del entonces comandante general de la Policía, Yuri Calderón, quien no habría emitido la orden para actuar.

Emboscada y ataque armado a mineros

El 10 de noviembre de 2019, varios grupos de cooperativistas mineros, que viajaban en buses a la ciudad de La Paz en defensa del voto y la democracia, fueron atacados con disparos de armas de fuego en la carretera Potosí-Oruro; varias personas resultaron heridas. En ese momento, algunos sectores de la población potosina responsabilizaron a Evo Morales por esos hechos. 

Quema de casas particulares

Tras la renuncia de Morales a la Presidencia (10 de noviembre), turbas de personas salieron a atacar, saquear y quemar propiedades y negocios particulares, para hacer conocer su descontento. Los movilizados identificaron a personas específicas acusándolos de promover la salida de Evo, por eso, procedieron a quemar sus viviendas.

Entre los afectados están el entonces rector de la UMSA, Waldo Albarracín, la periodista Casimira Lema, el dirigente campesino Nelson Condori, la alcaldesa Soledad Chapetón, entre otros.  

Previamente a la renuncia de Evo, también se registró la quema de viviendas de autoridades por parte de grupos que rechazaban los resultados electorales y pedían la renuncia del entonces presidente Morales , entre ellos, la del diputado del MAS, Víctor Borda; el entonces ministro de Minería, Cesar Navarro; y del que fue gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez.

Ataque a viviendas de zonas que se negaron salir a defender a Evo

Las turbas que defendían la continuidad de Morales recorrieron distintos barrios de La Paz y El Alto, para atemorizar e intentar saquear a aquellas viviendas que se negaran a salir a las movilizaciones.

En ese entonces, ANF recorrió varias zonas de la ciudad de El Alto y vio como vecinos se organizaron para hacer vigilias en sus zonas, hicieron fogatas y cerraron las calles durante varias noches para impedir el ingreso de las turbas que recorrían distintas calles atemorizando e incurriendo en actos delincuenciales. 

Quema de buses Pumakatari

En la ciudad de La Paz, se implementó el servicio de transporte de los buses PumaKataris con la finalidad de brindar un servicio adecuado a la ciudadanía. Sin embargo, turbas de vándalos quemaron más de 60 buses durante los conflictos sociales, tras las elecciones.  

A estos hechos, se suman el bloqueo al ingreso de alimentos a las ciudades, negar el acceso al servicio de gas, amenazas de cortar el servicio de agua, la quema del ornato público e instituciones públicas, entre otras.