El informe sobre los eventos de 2019 está basado en más de 150 entrevistas con víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil y autoridades. Entre las violaciones de los derechos humanos documentadas se incluyen asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias.

El informe detalla que al menos 30 personas murieron durante las protestas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre, y que 20 de estas muertes ocurrieron durante operaciones de la policía y las fuerzas armadas. Entre los incidentes más graves se identifica las muertes de nueve personas durante las manifestaciones en Sacaba (Cochabamba) y de 10 manifestantes en Senkata (El Alto-La Paz).

“Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe», manifestó la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet.

El informe también establece que hubo 94 casos en los que se agredió a periodistas, y que personas que trabajaban en la Defensoría del Pueblo de Bolivia sufrieron amenazas y ataques. Y se insta que estos incidentes sean investigados.

Señaló también que el desarrollo de investigaciones independientes, imparciales, transparentes y exhaustivas es “esencial no sólo para curar las heridas de las víctimas, sino también las de la sociedad”. Advierte que la falta de acción profundizará las divisiones, agravando las tensiones actuales y socavando la confianza pública en las instituciones del Estado.

La investigación incluye la detención arbitraria de 28 personas en El Alto el 11 de noviembre de 2019, quienes denuncian que fueron sometidas a tortura y otras formas de malos tratos por parte de la policía.