El informe se enmarca en los sucesos ocurridos entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre de 2019, después de las elecciones apuntadas de fraudulentas.

“En este período, en particular a partir del 10 de noviembre, se registraron algunos episodios violentos, como incendios, saqueos de bienes privados y públicos y otras acciones de vandalismo. En ese contexto, Oacnudh documentó diversas violaciones de derechos humanos, incluyendo al derecho a la vida y seguridad, a la libertad, a la prohibición de la tortura y otras formas de maltrato, y al derecho a la libertad de expresión”, dice el informe.

Respecto a las muertes, la Oficina de la Alta Comisionada señaló que pudo documentar la muerte de 30 personas y recibió denuncias de otros seis casos que no pudo corroborar.

“Por lo menos 20 de las muertes ocurrieron durante operaciones realizadas por la policía y las Fuerzas Armadas en el contexto de las protestas; en otros cuatro casos, las víctimas murieron durante los enfrentamientos entre manifestantes, y en seis casos Oacnudh no pudo verificar las circunstancias de las muertes”, precisa.

El informe afirmó que, durante el anterior gobierno, la Policía no cumplió con su deber de protección y que se produjeron tres muertes causadas por enfrentamientos o agresiones entre manifestantes.

Respecto a los hechos de Senkata y Sacaba, el documento señala que, según sus fuentes de información, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o desproporcionado de la fuerza contra las personas manifestantes.

Entre otras violaciones a derechos humanos, el reporte indica que documentó “detenciones arbitrarias y sometidas a torturas u otras formas de mal trato por parte de la policía, incluyendo amenazas de muerte, electrocución, asfixia con bolsas de plástico, golpes con culatas de fusil, posiciones de estrés, privación de alimentos y agua, burlas sexuales y simulacros de ejecuciones”.

La Oficina concluyó que “a la fecha, aún no ha habido rendición de cuentas por la mayoría de las muertes y lesiones causadas durante las protestas, incluyendo las de Sacaba y Senkata, tampoco por otras violaciones a los derechos humanos que ocurrieron con posterioridad a las elecciones”. 

En ese marco, recomendó “garantizar la realización de investigaciones prontas, independientes, imparciales, exhaustivas, transparentes y efectivas de todas las alegadas violaciones a los derechos humanos y abusos que ocurrieron durante la crisis postelectoral, y proveer una reparación integral a todas las víctimas y sus familiares”.

“Las investigaciones independientes, imparciales, transparentes y exhaustivas arrojarán luz sobre lo sucedido, abriendo la puerta a la verdad, la justicia y las reparaciones integrales. Esto es esencial no solo para curar las heridas de las víctimas, sino también las de la sociedad. La falta de acción profundizará las divisiones, agravando las tensiones actuales y socavando la confianza pública en las instituciones del Estado", añadió la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.

Entre otras recomendaciones, la Oficina de la Alta Comisionada propuso la creación de una Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humano, excluir a las Fuerzas Armadas del mantenimiento del orden público o sólo permitirlo en situaciones extraordinarias, una progresiva reforma al sistema de justicia para asegurar su independencia y el respeto al debido proceso, y fortalecer el Comité Nacional Contra el Racismo.

También planteó asegurar la protección a la Defensoría del Pueblo y garantizar una elección transparente de un titular para esa entidad.

Bachelet también expresó su beneplácito con el acuerdo alcanzado en Bolivia que allana el camino para celebrar las elecciones generales el 18 de octubre, y el consiguiente levantamiento de los bloqueos por parte de quienes protestaban.

"Insto a los bolivianos a que aprovechen esta resolución pacífica de las últimas tensiones, dada la importancia de que las elecciones transcurran respetando plenamente los derechos humanos. Bolivia necesita superar la polarización que ha marcado al país durante tanto tiempo y avanzar hacia una sociedad basada en el diálogo, donde todos sean integrados y reconocidos", dijo Bachelet.