“En este período, en particular a partir del 10 de noviembre, se registraron algunos episodios violentos, como incendios, saqueos de bienes privados y públicos y otras acciones de vandalismo. En ese contexto, OACNUDH documentó diversas violaciones de derechos humanos, incluyendo al derecho a la vida y seguridad, a la libertad, a la prohibición de la tortura y otras formas de maltrato, y al derecho a la libertad de expresión”, dice el informe.

Respecto a las muertes, la Oficina de la Alta Comisionada señaló que pudo documentar la muerte de 30 personas y recibió denuncias de otros seis casos que no pudo corroborar.

“Por lo menos 20 de las muertes ocurrieron durante operaciones realizadas por la policía y las Fuerzas Armadas en el contexto de las protestas; en otros cuatro casos, las víctimas murieron durante los enfrentamientos entre manifestantes, y en seis casos OACNUDH no pudo verificar las circunstancias de las muertes”, precisa.

El informe afirmó que, durante el anterior gobierno, la policía no cumplió con su deber de protección y señala que en Senkata y Sacaba, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o desproporcionado de la fuerza contra las personas manifestantes.

La Oficina concluyó que “a la fecha, aún no ha habido rendición de cuentas por la mayoría de las muertes y lesiones causadas durante las protestas, incluyendo las de Sacaba y Senkata, tampoco por otras violaciones a los derechos humanos que ocurrieron con posterioridad a las elecciones”. 

“Las investigaciones independientes, imparciales, transparentes y exhaustivas arrojarán luz sobre lo sucedido, abriendo la puerta a la verdad, la justicia y las reparaciones integrales. Esto es esencial no sólo para curar las heridas de las víctimas, sino también las de la sociedad. La falta de acción profundizará las divisiones, agravando las tensiones actuales y socavando la confianza pública en las instituciones del Estado", añadió la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.

Entre otras recomendaciones, la Oficina de la Alta Comisionada propuso la creación de una Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humano, excluir a las Fuerzas Armadas del mantenimiento del orden público o sólo permitirlo en situaciones extraordinarias, una progresiva reforma al sistema de justicia para asegurar su independencia y el respeto al debido proceso, y fortalecer el Comité Nacional Contra el Racismo.

También planteó asegurar la protección a la Defensoría del Pueblo y garantizar una elección transparente de un titular para esa entidad.