Este decreto termina pervirtiendo toda la historia y naturaleza jurídica del Estado nacional, porque en el fondo siempre fue un Estado republicano, con separación de los órganos del poder público, y los pueblos indígenas tampoco fueron representados, defendidos y protegidos como sostiene la narrativa del MAS. El artículo 11 de la Constitución reconoce la República de Bolivia, que adopta para su gobierno la forma democrática, representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres, y urge terminar con esta falacia de Estado plurinacional y el referido decreto, por inconstitucional y desarmonizar el texto constitucional.

Los mentores del Estado plurinacional, alegaban que las “mayorías” del país eran los “pueblos indígenas y originarios” que, según el Censo de Población y Vivienda de 2001, eran el 62% de la población del país. Y entonces esa mayoría no podía seguir gobernada por la minoría “colonizadora” y, por tanto, la mayoría “real” debía constituirse en la base sociológica y orgánica del “nuevo” Estado boliviano.

Comparto con el extinto Jorge Lazarte (Reforma del experimento constitucional en Bolivia: claves de un nuevo modelo estatal y societal de derecho (para abrir un debate que nunca hubo), Ed. Plural, 2015) en el sentido de que este argumento es inconsistente, y constituye una aberración jurídica. La Constitución no puede establecerse en términos de mayorías y minorías, por cuanto define un orden político para un país y desde el país, y no desde una parcialidad política y para esta parcialidad, aunque fuese mayoritaria (que en el fondo nunca fue).

El argumento “plurinacional” y la supuesta “mayoría”, se puso al descubierto con los datos del Censo de 2012, por cuanto las “naciones y pueblos indígenas”, han dejado de ser la mayoría en el país. La autoidentificación indígena ha descendido bruscamente del 62% al 41%; los aimaras y quechuas juntos no llegan al 36%, cuando antes eran el 55%, mientras que los no indígenas, ahora son el 59%.

El autor concluía que la mayoría de ayer era ahora minoría, y la minoría, mayoría, de modo que todo el cimiento sociológico del Estado “plurinacional”, y aparente justificación histórica, se cayó, pero sigue vigente por un decreto que no resiste ningún análisis. Por cierto, hay que corregir las graves disfuncionalidades que tiene la Constitución, y redefinir lo que debe entenderse por “plurinacional” y emplazarlo allí donde corresponde estar, sin afectar los derechos históricos de los pueblos indígenas ni confundirlos con proyectos de poder.

También se alegó que lo “plurinacional”, quiere decir “inclusión social”, no sólo de los que siempre habían sido excluidos, sino de todos los “bolivianos”. El texto constitucional define a la “nación” como toda “colectividad humana” con existencia “anterior” a la “invasión colonial. Y “nación” quiere decir “nación originaria indígena campesina”, de modo que las expresiones “naciones” o “nación”, no incluye a los “bolivianos”, cuyas “raíces” no son precoloniales.

Con este razonamiento, los bolivianos que no pertenecen a ninguna “nación indígena-originaria”, no serían en realidad parte del “Estado plurinacional”. Lo que se denomina “naciones” son, en efecto, “etnias”, como los araona, los chimanes, mojeños, yukis, yuracarés, etc. y, por tanto, es lo “comunitario”, que ratifica el juicio de que se trata de una visión no moderna de la base social de las instituciones.

El Gobierno de Jeanine Áñez debe abrogar el referido decreto supremo, no solo por tratarse de una impostura e inconstitucionalidad manifiesta y grosera sino también para honrar la memoria de Jorge Lazarte, un paladín de la democracia y del Estado constitucional de derecho.