Leyes está ausente de sus actividades presenciales en la alcaldía desde el 27 de julio por haber dado positivo a Covid-19. El 11 de agosto, la Secretaría de Salud informó que debía permanecer siete días más en aislamiento y desde entonces no se ha informado nada más del estado del munícipe.

Su contagio y necesario aislamiento coincidió con el anuncio con la decisión del Concejo Municipal de presentar una denuncia penal en su contra, por incumplimiento de deberes, debido a que la autoridad no respondió oportunamente las solicitudes de informe acerca de los fondos que recibió para hacer frente a la emergencia sanitaria.

Dos meses antes, en mayo, Leyes también recurrió al aislamiento, en su domicilio, por un supuesto contagio de Covid-19 que no fue tal. Entonces, tenía problemas judiciales debido a un contrato por casi medio millón de bolivianos que no se ajusta a las disposiciones legales.

Como lo constatamos en este mismo espacio, hace tres meses, Son recurrentes las coincidencias entre problemas, o amenazas graves, de salud y circunstancias judiciales críticas que afligen al alcalde de Cochabamba. Y eso desde hace un par de años, precisamente desde que estalló el escándalo de las mochilas, en abril de 2018.

Esta es la séptima de esas coincidencias que marcan su gestión, la cual, a su vez está marcada por las denuncias de irregularidades y un amplio abanico de asuntos ilegales en los que se le atribuye, se le atribuyó o se le presumen, responsabilidades: desde sobreprecios en adquisiciones, entrega simulada de vehículos a la Policía, designación ilegal de funcionarios municipales, malversación de fondos, legitimación de ganancias ilícitas, pasando por contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, hasta estafa a un particular.

Y aún enfermo con Covid-19, Leyes persiste en su estilo de cumplir las funciones para las que fue electo, como lo evidencian los cuestionamientos por la adquisición de un horno crematorio, a una empresa que se benefició en el pasado con numerosos contratos con la Alcaldía, o la restitución de un subalcalde que fue destituido, y es procesado en la vía penal, por presentar un título universitario falsificado.

Pero hay más, en la recta final de su gestión, Leyes busca adjudicar, en unos días más, un contrato millonario de 20 años, para una planta procesadora de basura. Como para inquietarse.