El viceministro de Justicia, Huberth Vargas, afirmó este domingo que el informe de Amnistía Internacional, denominado «Para sanar la pandemia de la inmunidad», desmantela «la narrativa de victimización» del expresidente Evo Morales porque analiza la violación de derechos humanos en Bolivia durante la crisis postelectoral en toda su dimensión.

«Este informe lo que se hace es exteriorizar, exhibir y desmantelar toda la narrativa que ha venido construyendo Evo Morales luego de su huida y refugio, primero en México y después en Argentina; toda esa narrativa de que a él se le cometió un supuesto golpe de Estado», dijo.

En el informe, a diferencia de otros que también se emitieron sobre la crisis en Bolivia, se incluyen detalles de lo sucedido antes de la sucesión constitucional.

Es decir, además de todos los hechos que se registraron durante el proceso de pacificación del país, -liderado por la presidenta Jeanine Áñez- se hace referencia a los acontecimientos que se registraron cuando Morales todavía era jefe de Estado y que enfrentó una ola de protestas sociales tras el descubrimiento del fraude electoral de octubre de 2019.

«Marca (en principio) un ámbito de ejercicio en función pública a cargo de Evo Morales y todo su gabinete, que después de que no pudieron consolidar el fraude electoral, llamaron a que se enfrenten entre bolivianos, entre los movilizados que defendían su voto y sus organizaciones sociales», enfatizó.
 
En ese contexto, el Viceministro recordó que incluso se hizo un llamamiento a las organizaciones sociales afines al entonces gobierno de Morales a cercar las ciudades con el objetivo de afectar a los manifestantes, que en ese momento estaban en paro cívico, en protesta contra el fraude.

Es así que hasta se organizaron «paramilitares que se fueron a enfrentar con los movimientos cívicos y por eso (se registraron) los primeros dos fallecidos en los enfrentamientos de Montero, porque había movimientos armados afines al MAS, afines al gobierno» de entonces, señaló.

Además, mientras se registraba esa situación -agregó Vargas- la Policía no actuaba para desmantelar a los grupos armados, pese al grave riesgo que eso implicaba.

«Entonces, el Estado estaba coadyuvando al enfrentamiento entre bolivianos y con eso a la violación de derechos humanos», sostuvo.

Asimismo, informó que en el informe se hace referencia a todo el hostigamiento que sufrieron algunos periodistas por informar sobre el fraude, incluso, llegando a cerrar o interrumpir su transmisión en algunos canales de televisión, además de la quema de hasta viviendas particulares de algunos defensores de derechos humanos como Waldo Albarracín o el caso de pérdida de su hogar de la periodista Casimira Lema.

«Pero también (se detalla) toda la crisis que dejó Evo Morales luego de su huida y eso igual es importante porque se marca dos etapas, uno cuando Morales estaba en el poder y el otro luego de la sucesión constitucional. Entonces, todos estos elementos se han exteriorizado (en el informe), aspectos que antes se querían ocultar, por tanto, la narrativa de que Evo Morales es la víctima (se desmantela)», insistió Vargas.