En plena peste, cuando se suman más de 100 mil contagiados y 4 mil fallecidos, los hospitales saturados de enfermos y sin lugar en los cementerios para enterrar a las víctimas, cuando la gente lucha por sobrevivir a la pesca de algún trabajo o los empresarios están tratando de poner en funcionamiento sus industrias para salvar la situación, unos vagos a sueldo se hacen dueños de los caminos y carreteras de la República, los bloquean, y no permiten el paso ni siquiera de las ambulancias que llevan médicos ni de los vehículos que transportan el oxígeno para socorrer a aquellos que agonizan en las ciudades asfixiándose.

Y “este país tan solo en su agonía” tiene que soportar doce días de cerco, de parapetos, de derrumbes sobre las vías, donde se forman extensas filas de camiones, y centenares de choferes con miedo, hambre y frío, que, además de amenazados, se los extorsiona. Pero no solo eso, sino que varios tráileres que llevaban carne vacuna y porcina, pollos, y productos agrícolas, fueron asaltados por estos amos de los caminos, autores de las mayores vejaciones que se recuerdan, y para colmo en tiempos de la plaga más despiadada que haya sufrido la nación.

Quien lideró el desbarajuste fue el minero Huarachi, secretario general de la COB, servidor incondicional de Morales, quien, sin duda, ordena las tropelías desde Buenos Aires. Huarachi exigía las demandas más absurdas, todo para que el Gobierno las rechazara y así justificar su testarudez. Exigía elecciones para el 6 de septiembre, cuando apenas quedaba un mes de tiempo y ya se había establecido que serían el 18 de octubre. Luego pidió que los comicios fueran el 11 de octubre, una semana antes, todo para provocar caos. Empezó demandando la renuncia a la candidatura presidencial de la señora Jeanine Áñez, para luego clamar por su renuncia nada menos que a la Presidencia, lo que es una locura absoluta porque significa crear una desastrosa crisis institucional. No cabe la menor duda de que todo cuanto reclamó Huarachi tenía como objetivo tumbar al Gobierno, a la presidente “de facto”, como la llaman los facciosos, para remplazarla por la presidente del Senado.

Las marchas y manifestaciones están permitidos, siempre que no perturben la libertad de movilizarse a la población, que no paralicen las actividades económicas y que no atenten contra los bienes públicos y privados. La prueba está en que en el país hay marchas todos días y hasta bloqueos con cualquier pretexto. Pero son expresiones que no provocan calamidades extremas. No ha sido así esta protesta auspiciada por la COB, con la complicidad masista, que tuvo intenciones aviesas, de verdadero odio, con afanes criminales, como dinamitar cerros para provocar derrumbes que destruyan nuestras escasas carreteras o cavar zanjas rompiendo el pavimento.

Obstruir el paso de ambulancias, evitar que el oxígeno llegara a los moribundos, tener secuestrados a quienes quedaban entrampados en la ruta, merecen juicio y cárcel. Justamente, lo que los parlamentarios del MAS quieren evitar, mediante una intolerable ley de impunidad que es vergonzosa. En vez de dar curso a créditos para ayudar a la gente que ha quedado sin qué comer a causa de la pandemia, los asambleístas del MAS ponen en tratamiento una ley que exime de culpas a quienes participaron en los desmanes de julio y agosto pasados, lo que demuestra su catadura moral. Pero, además, aprueban una resolución para facilitar salvoconductos a los jerarcas masistas asilados en la embajada de México, lo que no es de su incumbencia.

El perdón a los asaltantes de caminos no puede admitirse. Suficiente con que el Gobierno haya dicho, ufano, que se levantaron los bloqueos sin disparar un solo tiro. Cuidado que los cavernícolas reaparezcan, animados por ese bondadoso proceder, y que los cerros vuelvan a poblarse de desalmados para que, por cualquier demanda de Morales, dinamiten rocas que caigan sobre los indefensos ciudadanos.