La organización Am-nistía Internacional emitió este viernes un informe respecto a los conflictos post electora-les sucedidos en Bolivia a finales del 2019 y, entre otras cosas, considera que hubo violaciones a los de-rechos humanos durante los sucesos y observa que esos hechos continúan en la impunidad.El informe concluye que “durante la crisis que sucedió a las elecciones de octubre de 2019 se han registrado violaciones de derechos humanos que incluyen el uso excesivo e innecesario de la fuer-za por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Ar-madas en operaciones de orden público, incluyen-do durante las protestas; ataques contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas opositoras po-líticas; declaraciones de altos funcionarios con amenazas y que, en oca-siones, contienen llama-dos a ejercer la violencia y ataques a la libertad de expresión y a la indepen-dencia judicial”.Asimismo, el informe de Amnistía Internacional resalta su observación a que los hechos del 2019 sigan impunes y advierte que “Bolivia tiene una la-mentable historia de im-punidad frente a graves violaciones a los dere-chos humanos y crímenes de derecho internacional ocurridos en el pasado”, como los hechos durante los gobiernos militares, los de Octubre de 2003, la masacre de Pando y el caso 24 de Mayo de 2008.El informe de Amnistía Internacional fue destaca-do por el Gobierno transi-torio, que calificó al docu-mento como “uno de los pocos informes respon-sables que hasta ahora realizaron organismos de defensa de los derechos humanos”.En ese sentido, el vice-ministro de Justicia, Hu-berth Vargas, resaltó que el informe “no solamente hace referencia a esa violación de derechos hu-manos, sino también en este informe se señala que existieron graves ata-ques contra exdefensores del Pueblo, como el se-ñor Waldo Albarracín, que fue herido con un objeto contundente y cuya casa (luego) fue incendiada por una turba de alrededor de 400 personas”.Remarcó que en el do-cumento también se refie-re a la violación de la libre expresión de algunos pe-riodistas, como Casimira Lema, cuyo domicilio igual fue incendiado, ade-más del analista Edgar Vi-llegas y la periodista Jime-na Galarza, que del mismo modo recibieron amena-zas de grupos violentos.Por otra parte, según el ministerio de Justicia, el informe internacional so-licita que se realicen las investigaciones sobre los hechos ocurridos en Saca-ba y Senkata, advirtiendo que hubo un uso despro-porcionado e innecesario de la fuerza.También pide que se indague presuntas vul-neraciones a la libertad de expresión en el con-texto de la pandemia del coronavirus y, finalmente, realiza una serie de reco-mendaciones en materia de derechos humanos que están dirigidas a los candidatos presidencia-les de las próximas elec-ciones.Finalmente, Amnistía Internacional señaló que le preocupa los accionares tanto del anterior Gobier-no del MAS como de la ac-tual Gobierno transitorio.Recordó que, en mo-mentos de la crisis pos-telectoral, altas autorida-des del gobierno anterior emitieron declaraciones que contenían llamados a ejercer acciones violen-tas y amenazas de cercar ciudades si los paros con-tinuaban.Asimismo, observó que “el gobierno interino se ha caracterizado por hechos de hostigamiento y ame-naza a opositores políticos y a personas percibidas como tales, así como ame-nazas públicas emitidas por autoridades contra lí-deres políticos acusados de ‘desinformar’ y contra periodistas acusados de ‘sedición’”.“Tal hostigamiento li-mita de manera indebi-da la libertad de expre-sión en el país, al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, in-cluidos los trabajadores de salud. Esto puede ser también percibido por otros actores con poder como un peligroso men-saje de tolerancia hacia actos que amenazan o censuran opiniones con-trarias y como una carta blanca para la impuni-dad”, alertó.