El reglamento establece que el TSE, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y los Jueces Electorales como máximas autoridades deben precautelar y garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral y el respeto a los derechos políticos en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes.

En su contenido identifica  las responsabilidades de los miembros del Jurado Electoral; Notarios Electorales; Servidores Públicos; Funcionarios de Entidades Financieras Públicas y Privadas; Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Organizaciones de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.

"El documento califica faltas leves, graves y muy graves, y las sanciones en cada caso dependiendo de la gravedad y el protagonista de la misma, que van desde servicio comunitario, multas en porcentaje al salario mínimo nacional, arresto de 8 horas, entre otras", señala una nota de prensa del TSE.

También determina acciones directas de los ciudadanos que identifiquen hechos que vulneren la norma en flagrancia y con ayuda de la fuerza pública, se tomarán acciones preventivas e inmediatas. Además, establece procedimientos común y especial para llevar adelante una investigación que determinará las sanciones si el caso lo amerita.

El Reglamento incorpora un Capítulo especial, que sanciona hechos de Violencia y Acoso Político, precautelando los derechos políticos y ciudadanos de Mujeres durante y después del proceso electoral. Incluye 16 faltas graves y una falta muy grave relacionadas con la vulneración del derecho a la participación política de las mujeres.

El Reglamento busca también el respeto a la paridad y alternancia, establecidos en la CPE y las leyes que rigen los procesos electorales, sentando precedente para que las organizaciones políticas y agrupaciones ciudadanas se apeguen a la norma.