El más reciente proyecto que va en esa línea  es el denominado “ley de inmunidad retroactiva”, que fue presentado el 17 de agosto por  Betty Yañíquez, jefa de bancada del MAS en Diputados.        “Se ha presentado un proyecto de ley al amparo del artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE) de protección y no criminalización de la protesta social”, declaró entonces la legisladora. 

El bloqueo liderado por la COB y el Pacto de Unidad por la fecha de los comicios duró 12 días, pero entre sus consecuencias está el haber impedido la llegada de oxígeno a centros hospitalarios, algo que según datos oficiales provocó la muerte de más de 30 pacientes que padecían la Covid-19.   

Más allá de aquello, expertos identificaron que ese proyecto transgrede el Código Penal, la Constitución Política del Estado y hasta el Pacto de San José.

En el caso de la Ley de Estados de Excepción, la norma fue sancionada por la ALP el 17 de junio, y remitida al Ejecutivo para su promulgación. No obstante, el 24 de junio, el Gobierno la envió en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional, con  el  argumento de que es una ley “que invade”  las competencias del  Ejecutivo. 

La ley para el Control y Fiscalización de Endeudamiento Público y Donaciones fue promulgada el 10 de julio por la senadora Eva Copa, presidenta de la ALP. Esa ley pone al menos tres “candados” al Ejecutivo en temas de financiamiento, y le exige  informes trimestrales sobre el destino de los fondos, pese a que la Contraloría  tiene esa atribución.

El 11 de agosto, el Senado aprobó la denominada “ley de arraigo”, con la que el partido azul busca que las actuales autoridades tanto del Ejecutivo y Legislativo como del nivel subnacional permanezcan en el país luego de  que terminen su mandato, “a efecto de rendir los informes que se requieran a las autoridades entrantes”. Tras su aprobación en la Cámara Alta, el proyecto pasó  a  Diputados.  

El 12 de agosto, la ALP sancionó la ley que regula los efectos de la censura contra ministros. Con esa norma, respaldada por el  MAS, se busca que un ministro   censurado  no pueda volver a ser posesionado en el cargo que ocupaba.  

El miércoles,  la Comisión de Política Internacional   de Diputados aprobó un proyecto de Declaración Camaral para la entrega de salvoconductos a las siete ex altas autoridades del MAS asiladas en la residencia diplomática de México. Al respecto, según  ABI, la canciller Karen Longaric dijo: “El Poder Legislativo no puede arrogarse la atribución de emitir por sí misma salvoconductos”. 

El presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia  Arturo Yáñez   expresó que el tema de fondo es que el MAS tiene claro que en la próxima Asamblea “ya no va a tener una mayoría suficientemente holgada que le permita sancionar leyes sin tener que consensuar ni negociar con otras bancadas con ideas diferentes”. 

“Eso explica esa desesperación de legislar cosas que hasta son absurdas,  inconstitucionales e inconvencionales. Y doy un ejemplo:  la ‘ley del arraigo’. No se puede aplicar una medida cautelar a una persona que no esté imputada dentro de un proceso penal.  (…) Es un funesto antecedente y creo que también simplemente son los últimos estertores de una forma ver el mundo, de ver el Estado, que  está en sus últimos días”, expresó. 

Alex Contreras, periodista y analista político, considera que uno de los errores del Gobierno de transición fue no haber cerrado la ALP en noviembre.  

“Está compuesta por más de dos tercios de miembros del anterior régimen, que lógicamente iban a estar en contra, no del Gobierno, iban a estar en contra de este nuevo proyecto que en las calles, que con la revolución de las pititas se lo ha conseguido”, aseguró. 

Contreras manifestó que ese,  junto al error “de tener inmaculados y no tocar al Poder Judicial” son el origen de que ambos aparatos controlados por el MAS se hayan rearticulado. 

Gonzalo Aguilar, diputado del MAS  sostuvo: “El trabajo de la Asamblea está enmarcado en la CPE y en el reglamento  de la Cámara de Diputados. Nosotros somos la máxima representación legislativa, elegidos por voto, y que en este momento lo que nos queda a nosotros es legislar”.

El parlamentario agregó que su función es legislar y fiscalizar al Ejecutivo. “Muchos seguramente están tomando como si la ALP se está tomando atribuciones que no le corresponden. No. En ese tema, puede ser que estemos afectando los intereses de ellos, por eso es que dicen que  estamos tomando actitudes que no corresponden. Más al contrario,  hacemos nuestro trabajo legislativo”, aseguró. 
 

Las iniciativas  legislativas 

• Estados de Excepción  Ley de Estados de Excepción fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional el pasado  17 de junio, y posteriormente fue remitida al Gobierno para su posterior promulgación.  El 24 de junio, el Ejecutivo la envió en consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para que se analice su constitucionalidad.
• Créditos y donaciones  La Ley para el Control y Fiscalización de Endeudamiento Público y Donaciones fue  promulgada  el 10 de julio por  la senadora Eva Copa, luego de que el pleno del Legislativo rechazara las observaciones realizadas por el Gobierno a esa  norma.   
• Ley de “arraigo” La Ley de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de autoridades del Estado fue aprobada por el Senado  el 11 de agosto. Luego se la  remitió a la Cámara de Diputados. 
• Censura  Ley que regula los efectos de la censura contra ministros del Gabinete fue sancionada el pasado 12 de agosto y posteriormente fue remitida al Órgano Ejecutivo para su  promulgación.  
•  “Inmunidad retroactiva” El 17 de agosto, Betty Yañíquez, jefa de bancada del MAS en Diputados, presentó     el anteproyecto de ley extraordinaria para la protección y no criminalización de la protesta social   .