“Para sanar la pandemia de impunidad: 20 recomendaciones en materia de derechos humanos a las personas candidatas en las elecciones presidenciales 2020 en Bolivia”, señala el título del documento clasificado como “investigación”.

A lo largo de un extenso contexto de  investigación, Amnistía Internacional señala que, tras las elecciones del 20 de octubre de 2019, en Bolivia se generó una grave crisis social, política y de derechos humanos. “Agravados en diferentes momentos por la intervención y el accionar de las fuerzas de seguridad y actualmente agravada por la pandemia de la Covid-19”, señala  parte del informe presentado. 

Divide su análisis en tres etapas. Un primer momento, entre el 20 de octubre, día de las elecciones, y el 10 de noviembre, fecha en que renunció el entonces presidente Evo Morales; el segundo, entre el 10 y 12 de noviembre, cuando se registró un vacío de poder en el Ejecutivo; y el tercero, desde el 12 de noviembre, cuando asumió como presidenta interina Jeanine Añez hasta la actualidad.

Aministía Internacional sostiene que esos hechos de violencia permanecen en la impunidad y las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, opositores políticos continúan con las denuncias de hostigamiento, ataques y amenazas.

Por lo tanto, una de las recomendaciones que el organismo internacional realiza a los candidatos a las próximas elecciones presidenciales es que se garantice la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para que investigue de forma independiente todas las denuncias de violación de derechos humanos cometidos durante la crisis postelectoral.

Recomienda también  garantizar los derechos a reparación de las víctimas de la violencia postelectoral y de los hechos suscitados en Sacaba y Senkata, donde fallecieron varias personas. 

También pide la investigación y sanción por las amenazas y la quema de su casa que sufrió Waldo Albarracín. Sugiere retirar a las fuerzas militares del control durante protestas.

Pide también respetar el derecho a la libertad de expresión, “la independencia judicial de la Defensoría del Pueblo” y abstenerse de hostigar a opositores políticos, periodistas, “organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que se muestren críticas con las políticas y opiniones del Gobierno (…) ya sea a través de disposiciones legales generales o relacionadas con la Covid-19, procesos penales, declaraciones públicas o detenciones”, señala el documento. 

Considera, además, oportuno revisar los procesos penales y condenas basados en los decretos 4199, 4200 y 4231. Amnistía Internacional también recomienda, entre otras cosas, revisar las normas que rigen el trabajo de las ONG y, por último, diseñar una política de salud pública integral para proteger a los pueblos indígenas del coronavirus y actos de discriminación.

Piden  imparcialidad

•  Comisión  Para el abogado y defensor de los DDHH, Franco Albarracín, el informe de Amnistía Internacional es una mirada integral de lo sucedido después del 20 de octubre de 2019 y supera el hecho por la CIDH. Sin embargo, recomienda la conformación de un grupo de investigación independiente, nacional y con miembros que no emitieron algún criterio anteriormente.