Debiera estar fuera de discusión el cumplimiento inmediato de las normas constitucionales; no obstante, surgen voces que cuestionan institutos, y dogmas que implican el ejercicio soberano de la democracia plural mediante elecciones, pretendiendo alterar sus plazos perentorios y procedimientos establecidos.

Aquellos son grupos minoritarios, pero radicales; y los hay en oriente y occidente, estos últimos bloquean caminos, cuestionan la imparcialidad del TSE, piden la renuncia de la presidente del Estado y hasta que Bolivia sea liquidada para dar paso al Kollasuyo; mientras los primeros atacan inmisericordemente al TSE, amenazan desconocerlo e insisten en que no haya elecciones, supuestamente hasta que se den condiciones perfectas para ello.
Como en todo radical el impulso y la volatilidad los domina, la alta carga de violencia predomina en sus palabras y acciones, pero sobre todo los caracteriza la falta de fundamento y argumentación en sus demandas, cuyo único dejo de raciocinio está impulsado por los fines e intereses ocultos que persiguen.

Todo lo que piden distorsiona, disfraza o está fuera del orden normativo, constituyéndose en el otro polo de una debida interpretación jurídico-política para aplicar la primacía constitucional. En este sentido, si bien las elecciones debieron realizarse 3 meses después del fraude electoral y la sucesión presidencial, el incumplimiento obligado y de fuerza mayor fundamentado en la DCP 001/2020 y en la pandemia estableciendo nuevos plazos no puede extenderse más allá de tiempos y límites razonables. 

Quien escribe, publicó este 11 de julio en EL DEBER fundamentos sobre lo errado de disociar conceptos como la salud y las elecciones, ya que la CPE manda satisfacer ambos institutos en base a los principios de armonía y equilibrio, a fin de garantizar su efectividad en tiempo prudencial; dogmas como la salud, economía, elecciones, educación, etc. nunca pueden ser excluyentes entre sí y la realización de uno en desmedro del otro, solo conlleva a la necesidad de aquel, afectando en consecuencia la paz social como fin último del Estado.

Seguir insistiendo, - después de semejante convulsión y bloqueo por la fecha de elecciones - unos en seguir bloqueando el país para tumbar gobiernos y otros en llevar cartas amenazantes con exigencias irrealizables al TSE, siendo éste la garantía de estabilidad y pacificación del país, solo devela una incoherencia demencial contrapuesta a la realidad y necesidades actuales, sin importarles aglomerar gente para bloquear o desbloquear, ni denunciar las filas en el Segip y los bancos, donde irónicamente sí estuviera permitido el contagio. Con ello buscan someter el proceso electoral y el sistema jurídico-político a dudosos tecnicismos fuera de tiempo, que al querer supeditar plazos constitucionales carecen de toda lógica jurídica, llevando a desmaterializar el Estado Constitucional de Derecho. 

Las reales intenciones de estos grupos antagónicos, pero ultraradicales es conseguir “el poder por el poder”, sea a través del caos, la antijuridicidad o la fuerza, lo cual conllevaría a graves vulneraciones de derechos y libertades, pues saben que no lograrán su objetivo por los mecanismos constitucionales de reforma y alternancia de gobierno. 

Ante ello es necesario promover y socializar por todos los medios, que todo bien común es realizable en equilibrio con otros, siendo obligatorio garantizar la salud y las elecciones, el trabajo y la educación; por tanto en vez de seguir con la falacia conceptual y anti jurídica incentivada por extremistas para sabotear elecciones, debemos concentrar la discusión en exigir medidas de distanciamiento y protocolos de bioseguridad para ejercer tranquilos el tan necesario acto de votar acabando la crisis política y renovar poderes éste 18 de octubre, habiéndonos dado cuenta de que, con el debido cuidado, es posible relacionarnos diariamente, trabajar y seguir con nuestra vida en base a la nueva normalidad.