Indudablemente fue un momento de quiebre que marcó el inicio de una nueva etapa histórica nacional que, muy a pesar del profundo calado del mandato popular y constitucional que emergió inclusive de la Asamblea Constituyente, terminó en su desperdicio, traición e impostura, tras casi 14 años de un gobierno que sustituyó la agenda nacional encomendada democráticamente, por la imposición un modelo salvajemente extractivista y desarrollista, que era exactamente la antípoda de lo que el pueblo, el país y la propia Constitución le habían encomendado cumplir y aplicar.

Por esa razón, persisten hasta hoy incumplidas y abandonadas (como sensibles detonantes dispuestos a explotar), tanto las más importantes tareas de transformación y cambio, como las deudas sociales acumuladas, que se traducen en exclusión, enormes desigualdades, la pobreza extrema y la falta de oportunidades que acosa tan severamente al pueblo, sin descontar los terribles daños asestados a la naturaleza, la vida y los propios los pueblos indígenas que una vez con sus marchas nacionales habían dado el paso inicial y marcado el rumbo que nos condujo hasta aquí.  

Dicho antecedente histórico no es un dato menor a los ojos de lo que está ocurriendo actualmente en el país, puesto que observando la forma cómo se desató esa violenta reacción social que puso al país al borde del enfrentamiento y la convulsión social; en realidad, lo que devela es que quiso aprovecharse (maliciosa y criminalmente), de ese profundo descontento social acumulado (que el actual gobierno de transición se encargó de agudizar y acelerar con su inocultable inclinación autoritaria, sumada a su ineptitud, la corrupción galopante y su permanente improvisación y desaciertos), para terminar desbordando semejante movilización sustentada en argumentos espúreos.

Tal fue el impacto de la medida de movilización ejercida, que algunos de los sectores más radicales e irracionales (de carácter racista, paramilitar, fascista y confrontacional de ambos extremos ideológicos), quisieron aprovechar para desencadenar una turbulencia que pudo acabar con la democracia e imponer el autoritarismo, la violencia y el militarismo como respuesta y sanación (nada menos que en un momento cuando la crisis de la pandemia estaba en pleno auge de muertes y colapso del sistema de atención sanitaria).

Fueron por lana y salieron trasquilados. Es decir, que el intento oportunista, criminal y antidemocrático propiciado por el MAS y esa cúpula dirigencial burocrática de carácter servil que pretendió cosechar en rio revuelto (tratando de montarse en un descontento popular generalizado, irónicamente originado por ellos); terminó con nada en las manos, propinando y recibiendo uno de los más duros fracasos y derrotas políticas a su propio instrumento organizativo, que seguramente cerrará un largo ciclo perverso de permanente cooptación y asalto del poder a cualquier costo.

De todo ello lo que queda entonces, no sólo es la sensación de fracaso y derrota (que seguramente una y otra vez reciclará ansias de revancha) y una muy probable pérdida y reducción de respaldo electoral que castigará al MAS en las próximas elecciones; sino el enorme descontento y sentimiento de abandono y exclusión que se origina en el cúmulo de deudas y tareas históricas pendientes y acumuladas que, con seguridad, también volverán a originar nuevos ciclos de movilización y conflicto, en tanto el país, la sociedad y el propio Estado, no se den la oportunidad de atender y resolverlos.

La memoria histórica puede olvidar, o inclusive fingir la inexistencia de problemas; pero lo que no puede hacer (o suceder) es desaparecerlos como si nunca hubiesen existido. Ese es el legado y esa es la tarea pendiente por abordar que tiene toda sociedad en su desarrollo, que no se puede aislar o eludir si efectivamente se quiere avanzar y superarnos históricamente.

Ahora bien, existe además un octubre más reciente, también importante, aunque trunco en su desarrollo. Es el octubre de 2019, cuando otra vez una mayoría del país se dispuso a recuperar la democracia, hacer respetar la decisión soberana anteladamente adoptada el 21F de 2016 que pretendía ser burlada, y derrotar (primero en las urnas y después en las calles), el intento anticonstitucional y antidemocrático que buscaba imponer (inclusive por medio de un fraude electoral que fue antelada y minuciosamente instalado y perpetrado), la prórroga de un mandato y un régimen autocrático que, al ver descubiertas y comprobadas una vez más sus mañosas prácticas y bajas intenciones, no dudó en alentar y promover (ya en ese momento) otro episodio confrontacional violento, con tal de devolver al autócrata fugado el gobierno que ellos mismos decidieron abandonar, ante la masiva, contundente e indeclinable decisión ciudadana y popular de rechazarlo pacífica y democráticamente.

El triunfo y la victoria quedaron truncos (lo mismo que las elecciones), porque en vez de cerrarse el ciclo electoral desplazando y derrotando tamaño despropósito antidemocrático y anticonstitucional; toda vez que se desencadenaron la serie de irregularidades, el fraude, las movilizaciones y la adopción de medidas extraordinarias de sucesión constitucional por todos conocidas, se terminó abriendo un inesperado periodo de transición, que muy rápidamente tenía que haber cumplido tareas específicas de pacificación y nueva convocatoria a elecciones que a su turno, también fueron inesperadamente alargadas por el surgimiento de la pandemia que aun hoy está sufriendo el mundo entero.

En el ínterin de ese proceso de resistencia y lucha por la recuperación de la democracia, y gracias a la mañosa aprobación e imposición de una nueva ley de organizaciones políticas de claro contenido partidocrático y colonial, no solo se logra anular aquella vigorosa forma organizativa autoconvocada y una muy legítima (como innovadora) expresión democrática de carácter participativo y directo, que muy sacrificadamente había logrado interpelar y poner límites al intento prorroguista; sino que permitió revivir a los partidos políticos tradicionales que prácticamente estaban en proceso de desaparición, otorgándoles un nuevo protagonismo que terminó usurpando la representatividad, la lucha y la capacidad de convocatoria que en ese momento pertenecía a la sociedad civil, por medio de plataformas, agrupaciones, organizaciones de base, etc., que habían encarado la tarea de hacer respetar lo que la mayoría del país decidió soberanamente en el referéndum nacional del 21F de 2016.

Resultado de aquella maniobra de desplazamiento y usurpación que provoca la atomización de las organizaciones ciudadanas y la resistencia (muchas de las cuáles fueron cooptadas y absorbidas a cambio de algunos puestos en las listas electorales, o cargos en el aparato gubernamental de transición), paralelamente se da paso a la reconstitución de los partidos políticos tradicionales que, con base en la nueva normativa partidocrática, monopolizan y concentran antidemocráticamente una representatividad que ya habían perdido, pero que los convierte en los únicos medios para enfrentar electoralmente al intento autocrático que buscaba por todos los medios prorrogarse inconstitucionalmente.

La mesa estaba servida; el país y el pueblo (debilitado, dividido y atomizado por la ley que usurpó su representatividad y su ejercicio político al margen de los partidos), solo puede escoger y elegir entre el masismo y los partidos tradicionales revividos. Estos últimos que además dispersaron la atención, las inclinaciones electorales y las preferencias ciudadanas, para dar lugar a propuestas de gobierno que sólo reeditan y buscan restaurar las visiones conservadoras, neoliberales y hasta fascistas que en el pasado habían sido desplazadas y expulsadas por su carácter antinacional y privatizador.

Se trata pues de otro legado perverso que no ha permitido (o generado la oportunidad) de construir una alternativa diferente, independiente y alternativa al masismo y frente a los partidos tradicionales; a pesar de que dicha repulsa fue una de las expresiones más repetidas en las jornadas y el largo periodo de lucha y resistencia por la recuperación de la democracia y las libertades.

Finalmente, efectuados los antecedentes de contexto, queda el octubre próximo de las elecciones nacionales. Al respecto, existen muy diversos criterios de apreciación sobre su significado y posibilidades. Seguramente todos coincidiremos en que se trata de un momento en el que finalmente se dirimirá (de manera pacífica, democrática y libre), una larga disputa entre la necesidad de preservar y recuperar la democracia, frente a las tentaciones autoritarias por reproducir una autocracia caudillista que se niega a reconocer y hacer autocrítica sobre su régimen y su rol confrontacional que quieren imponer al país.

Habida cuenta de todo lo sucedido hasta ahora, es previsible esperar que se repita, se vuelva a confirmar aquella decisión expresada soberanamente el 21F de 2016, y una vez más triunfe y gane esa mayoría democrática y pacífica del pueblo que quiere vivir en libertad, con derechos y con una democracia fortalecida. Sin embargo, el problema radica en que (al margen de la amenaza insinuada cuando decidieron otorgar solamente un cuarto intermedio en la suspensión de las medidas del bloqueo y paro nacional hasta el 18 de octubre), a pesar de lo mucho y todo lo que se juega para el futuro del país, no existe una opción electoral efectivamente convocante y atractiva; pero sobre todo que ninguna de las candidaturas ha propuesto (mucho menos intentado concertar), medidas concretas para resolver el grave problema de la división nacional, la falta de inclusión e interculturalidad; la persistencia de un racismo intolerante y excluyente; la necesidad de alcanzar la pacificación y el entendimiento nacionales; ni la forma de abordar y resolver las lacerantes deudas y tareas estratégicas nacionales que han quedado pendientes hasta ahora. 

Por eso no es extraño que a momento de sondear la preferencia electoral y el estado de ánimo respecto de las candidaturas, sistemáticamente destaque un 20% de electores que se han mantenido indecisos o no han querido responder (como expresando indiferencia o rechazo a las opciones electorales en disputa). Se trata de un 20% definitivo y dirimitorio que no se pronuncia sino a la hora última de votar.

Ahora bien, tomando en consideración todo el conjunto de factores descritos, es evidente que el nuevo escenario y correlación de fuerzas que emerge del último bloqueo nacional propiciado por el masismo (y su cúpula dirigencial burocrática y servil), sólo favorece y beneficia a los partidos tradicionales conservadores de derecha (salvo la candidatura del gobierno transitorio que continúa cosechando cada vez más rechazo por su pésima gestión), porque constituyen los únicos referentes reconocidos que podrían canalizar las aspiraciones y objetivos de la sociedad (en este momento y dadas las reglas de juego que rigen). Es decir, se favorecen exclusivamente las posibilidades de restauración neoliberal y conservadora encarnadas en la generalidad de las candidaturas opositoras que tienen alguna opción electoral. El conservadurismo se frota las manos, la oportunidad la entiende y traduce como un logro posible, habida cuenta que el principal objetivo de la resistencia y la lucha por la recuperación de la democracia y las libertades, era precisamente derrotar e impedir democráticamente la perpetuación autocrática, anticonsitucional y antidemocrática. En vista de que son las únicas opciones en competencia, ahora tienen mejores condiciones para efectivizar su aspiración restauradora.

La pregunta que queda es si tal resultado de la situación es suficiente para el país, y si éste se conformará únicamente con otorgar legitimidad al nuevo gobierno, sin que siquiera haya existido ninguna señal, voluntad, ni predisposición mínima para abordar y resolver aquellos profundos problemas que han quedado pendientes en la agenda nacional.

Sólo se han encargado de anunciar la profunda crisis que se avecina y la necesidad de prepararse para su embate; pero ninguno ha mostrado la más mínima inclinación siquiera para acercarse al pueblo, a la realidad concreta y cotidiana que abruma a la mayoría de la población y, mucho menos, a los profundos problemas irresueltos que nos agobian.

Entonces, si lo que de verdad se quisiera fuese ofrecer un futuro nacional razonablemente esperanzador (habida cuenta de los gravísimos desafíos y crisis que se avecinan), no debería bastar únicamente el ofrecimiento y/o la certeza de ganarle al MAS en las urnas, o inclusive insinuar la negociación de “acuerdos nacionales” (que siempre han sido un mecanismo cupular por el que se diluyen y hasta distorsionan las aspiraciones nacionales para favorecer intereses minoritarios); sino más bien  que alguno de los partidos o candidatos tome la iniciativa de salir de su área de confort, abandonar el círculo elitista y excluyente con el que se encuentra rodeado, e inclusive (por ser necesario), poner a debate sus propuestas, para acercarse al pueblo, entablar espacios de diálogo y concertación (muy alejados de negociaciones por canonjías o repartija de cargos y poder), con tal de estructurar una verdadera conciliación que de paso a la pacificación, la reconciliación nacional y la definición de una agenda de prioridades para la nación.

Este podría constituir el verdadero desafío nacional, en vez de persistir en aquella legítima pero insuficiente forma de buscar respaldo electoral para alguna propuesta que en las actuales circunstancias de fraccionamiento, crisis y riesgo de confrontación, solo sería -en el mejor de los casos- un paliativo parcial y una victoria pírrica. El país, el bien común y las dramáticas circunstancias así parecen reclamarlo. Alea iacta est.