“Hasta la fecha hemos recibido 33 denuncias en contra de actores sindicales, políticos y cívicos por diferentes tipos penales como Delitos Contra la Salud Pública, Organización Criminal, Instigación Pública a Delinquir, Difusión e Incitación al Racismo y otros que se habrían generado durante el bloqueo de caminos que se registró en el país”, informó ayer el fiscal general del Estado Juan Lanchipa  

A esos procesos contra “actores sindicales” se suman las demandas interpuestas en contra del expresidente Evo Morales, que son al menos ocho, por casos como fraude electoral, terrorismo y sedición, milicias armadas, respiradores y bloqueos. 

La más reciente demanda la interpuso ayer el Ministerio de Justicia, por la presunta comisión de los delitos de estupro, y trata y tráfico.

Además de los juicios, también están las acciones que últimamente asume esa fuerza política en el Legislativo, donde tiene amplia mayoría, pero que generan duras críticas y rechazo de sectores contrarios al partido azul. 

En esa línea están los dos proyectos de ley que impulsan diputados del MAS, que buscan dar una “inmunidad retroactiva” a los movilizados que protagonizaron los bloqueos de rutas. La iniciativa fue blanco de cuestionamientos y no generó consenso ni al interior del partido azul en el Legislativo. 

El presidente de la Cámara de Diputados  Sergio Choque   afirmó que los legisladores tienen la obligación de conocer y analizar cualquier proyecto de ley que sea puesto a su consideración, lo que no significa que tengan que aprobarlo.

“Son iniciativas que un ciudadano, en este caso de una parlamentaria (Betty Yañíquez), que irá a la Comisión de Constitución y Comisión de Derechos Humanos, donde están oficialistas y opositores que seguramente debatirán la accesibilidad de este proyecto de ley”, afirmó. 

Otra acción que generó cuestionamientos contra el MAS fue la decisión de la Comisión de Política Internacional de Diputados de aprobar un proyecto de ley para conceder salvoconductos a las siete ex altas autoridades masistas   que están en la residencia de la Embajada de México en La Paz,  desde noviembre de 2019. 

“Los denuncian por delitos políticos. No han demostrado su grado de participación y su culpabilidad y creemos que es importante a estas alturas se les pueda otorgar salvoconductos”,  manifestó el diputado Gonzalo Aguilar.

La ministra de Relaciones Exteriores Karen Longaric observó aquello. “Quiere decir que el Legislativo quiere invadir la jurisdicción del Ejecutivo (…). Es un absurdo total”, declaró a  Panamericana. 

Rolando Villena, exdefensor del Pueblo, explica que el MAS despliega una “estrategia política suicida”, con el fin de desgastar al Gobierno y al sistema democrático, para poder coronarse como una fuerza indispensable en el escenario nacional y, en últimas cuentas, volver al poder.

No obstante, Villena observa que esa estrategia en realidad se está convirtiendo en un bumerán para esa fuerza, puesto que la está desgastando. Considera que el punto de inflexión fue el bloqueo de 12 días en medio de la pandemia. “Es un salto al vacío y un plan suicida. Ello denota también que el MAS no puede concebirse  fuera del poder”, manifestó.    

El analista político Romano Paz identifica que la situación por la que el MAS atraviesa  en la actualidad está relacionada con la ruptura que hay en  su interior. 

“El MAS nunca ha sido un bloque unificado de poder, está compuesto por diferentes grupos de interés que tienen perspectivas distintas en su visión de país, además de un mayor o menor apego por los principios y valores democráticos. Evo Morales actuaba como un agujero negro que hacía que todos estos grupos antagónicos graviten en torno a él”, explicó Paz. 

“La sensación de que el MAS repuntaba en la intención de voto, le dio un aire triunfalista que aceleró el proceso de descomposición, que era inminente en la etapa postelectoral. Con la ruptura se han conformado tres bloques que compiten por imponerse unos contra otros, sin posibilidad de dialogo, se dan la espalda y actúan por su propia cuenta. Prevaleciendo ante la opinión pública ese MAS radical y autoritario que privilegia por encima de cualquier crisis que afecte los intereses nacionales. Esto naturalmente ha refrescado en la memoria histórica del pueblo los abusos y excesos cometidos por el  MAS en sus 14 de gobierno”, agregó. 

En el MAS ven que el Ejecutivo “no comprendió que la pacificación costó a todos los bolivianos”,  y detecta que hay “persecución política”, factor que si persiste -aseguró- obligará a nuevas movilizaciones. 

“Hoy, con esta persecución política que se está desencadenando, con seguridad, otra vez van a salir las organizaciones sociales a reclamar sus derechos”, manifestó el diputado del MAS Édgar Montaño, quien dijo que se están interponiendo “juicios por aquí y por allá sin tener en claro   la Constitución, que los derechos a la libre expresión y a la protesta están garantizados”.