La audiencia de medidas cautelares continuaba desarrollándose hasta el cierre de edición, 2 de la madrugada, en la Policlínica Oruro, donde el burgomaestre se internó por la tarde, aduciendo problemas de salud, justo a la misma hora que debía prestar su declaración ante la Fiscalía.

El Ministerio Público lo citó para las 16:00, pero la autoridad no asistió y su defensa legal adujo impedimentos por razones de salud. Sin embargo, el juez Segundo de Instrucción Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia orureño, Sergio Vásquez, emitió su declaratoria de rebeldía y una orden de aprehensión en su contra.

Luego de las 17:30, un equipo de fiscales y policías se dirigió al centro de salud para instalar allí la audiencia cautelar, pasadas las 20:00. Lo declararon aprehendido con custodia policial.

El fiscal Departamental de Oruro, Mario Rocha, informó que Bazán fue encontrado en calidad de paciente e inmediatamente aprehendido por la Policía, que resguardaba el centro de salud.

“Hemos evidenciado la presencia de la autoridad edil en esta clínica y en este momento el médico forense del Ministerio Público está realizando una evaluación exhaustiva del estado de salud del alcalde Bazán”, aseguró Rocha, minutos antes del inicio de una prolongada audiencia cautelar.

“Debemos estar seguros que la hospitalización del burgomaestre no se trate solamente de un afán chicanero de dilatar la situación judicial del ejecutivo municipal”, agregó.

Mientras que con tono molesto, el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, quien funge como coadyuvante junto la Procuraduría del Estado en la querella contra Bazán, lamentó la no presentación de la autoridad edil.

Jiménez manifestó que "en los varios procesos por corrupción en los que Bazán está siendo investigado existiría un comportamiento similar": eludir dar declaraciones.

Esto implicaría –dijo– no sólo una falta de voluntad para responder ante la justicia, sino también obstaculización al proceso judicial.

Para el juez Vásquez, la actitud de Bazán de no presentarse a la audiencia de la tarde es un "manoseo de los centros de salud".

EL CASO MOCHILAS

Según la denuncia penal impulsada por concejales del MAS en Oruro, a la que se adhirió el Gobierno, de 91.498 morrales entregados en 2016, en los que se invirtieron Bs 14 millones, unos 40.000 fueron importados de China, pese a que la licitación fue realizada mediante la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), es decir que se debía favorecer a los productores nacionales.

Se denuncia sobreprecio y la Fiscalía imputó a Bazán por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

Por un caso similar en Cochabamba, cayó detenido el alcalde opositor José María Leyes.

Bazán llegó a la silla municipal de la mano de su agrupación Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria (MCSFA).

Alcalde Leyes asiste a acto investigativo

El suspendido alcalde de Cochabamba, el opositor José María Leyes, reapareció ayer públicamente para participar de la audiencia de extracción de pruebas del caso mochilas chinas, por el que cumple arresto domiciliario hace tres semanas.

Sobre la audiencia, el abogado defensor de Leyes, Humberto Trigo, informó que se abrieron más de 15 sobres de información de las computadoras secuestradas. Corre un plazo de 20 días para analizar el contenido y emitir un informe.

El caso inició el 3 de abril con la denuncia de la concejala Rocío Molina (MAS), quien denunció irregularidades en la adjudicación de más de 90.000 mochilas para esta gestión.

Por esta misma investigación ayer la jueza anticorrupción Sara Céspedes ordenó que los tres funcionarios de la Alcaldía aprehendidos el jueves se defiendan en libertad y cumplan sólo algunas medidas sustitutivas a la detención preventiva.