En las últimas horas, la comisión de Política Internacional aprobó un proyecto de resolución camaral para demandar que el Gobierno otorgue salvoconductos a los ex ministros de Evo Morales que están asilados en la Embajada de México. El documento argumenta que es para “precautelar la vida y los derechos humanos” de los ex funcionarios aludidos. 

Con esto, se pretende borrar de un plumazo los hechos por los cuales estas personas están buscadas por la justicia boliviana. ¿O es que se olvidaron ya de que hubo fabricación de bombas molotov en el Ministerio de Justicia, que era conducido por Wilma Alanoca, ahora asiladas en la Embajada de México? ¿A ella le importaban en noviembre los derechos humanos de los bolivianos que iban a resultar heridos con esos explosivos?

Ahí también está el ex ministro de Justicia, Héctor Arce y el informático Nicolás Laguna (ex responsable de Agetic), ambos acusados de haber estado detrás del fraude electoral del 20 de octubre. ¿Consideraron ellos el derecho de los bolivianos de ir a elecciones limpias y transparentes? ¿Les importó entonces respetar los resultados electorales, a pesar de que no hubieran sido los que el MAS esperaba?

Por otro lado, en la misma Asamblea Legislativa se ha creado una comisión de derechos humanos para vigilar los procesos iniciados contra los comandantes de los criminales bloqueos de los que el país acaba de salir. Quieren salvaguardar los derechos humanos de los dirigentes, pero no dijeron nada cuando esas consignas y mandatos cerraban el paso al oxígeno, ni cuando violaban el derecho constitucional al libre tránsito de los ciudadanos ni cuando dinamitaban cerros dañando carreteras que son patrimonio de toda la población.

 Si bien es parte de las atribuciones de la Asamblea Legislativa la fiscalización a los órganos del Estado y formar comisiones para investigar, lo que se espera de ellos que actúen pensando en el interés de todos los bolivianos. A la luz de los delitos cometidos, tanto en los bloqueos, como en el fraude electoral y en la fabricación de bombas molotov, está claro que solo quieren favorecer a sus correligionarios y no buscan el bien mayor. Si así fuera, los legisladores deberían ser los primeros en promover que las personas asiladas se presenten ante la justicia, que se sometan a una investigación y que demuestren su inocencia. Seguramente no lo hacen porque ya desde la gestión del MAS hubo

¿Qué pasa cuando un partido se olvida de que gobierna para todos y no para sí mismo? La respuesta salta cuando se observan las propuestas del Movimiento AL Socialismo en la Asamblea Legislativa. Ellos, los diputados y senadores pretenden borrar de un plumazo lo que la memoria dolida de los bolivianos guarda aún con dolor.