Sin embargo, la Jefa de Estado celebró ayer, mediante Twitter, que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) “liberara el dinero” de los préstamos internacionales para viabilizar el pago del Bono Salud, “su proyecto”, equivalente inicialmente a 500 bolivianos.
“Finalmente, hemos conseguido que el MAS libere el dinero para nuestro proyecto de Bono Salud. Nosotros lo vamos a pagar con mucho gusto”, escribió en su cuenta.
A través de la aprobación de dos normas, Diputados dio paso a los créditos, brindados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
El punto observado en este aspecto es que, aparentemente, el monto global (704 millones de dólares) tiene por objeto reponer y cubrir el dinero dado en bonos anteriores y no contemplaría el promovido por la Jefa de Estado.
Por otro lado, la candidata presidencial por Juntos tiene pendiente la promulgación de cinco leyes. Estas ya superaron la aprobación de la Asamblea, que redirigió las mismas a sus manos.
Se trata de las siguientes: la Ley Excepcional de Arrendamientos, la Ley Transitoria para Garantizar la Atención y Tratamiento por Parte del Subsector Privado de Salud, la Ley de Donación de Plasma Hiperinmune, la Ley Excepcional de Diferimiento de Pagos de Créditos y Reducción Temporal del Pago de Servicios Básicos; y la Ley del Bono Contra el Hambre.
ARRENDAMIENTOS La norma de los alquileres, que inmediatamente después de su promulgación permitirá que los inquilinos abonen solo el 50% del pago en medio de la cuarentena por la crisis, fue sancionada el 30 de junio, hace casi dos meses. Mientras tanto, los afectados por esta figura continúan elevando denuncias por presuntos desalojos.
A modo de desglose, vale partir por la iniciativa que tiene por objeto disminuir la presión económica de quienes alquilan inmuebles. Esta, que luego de ser sancionada fue promovida al despacho de Áñez, actualmente se encuentra bajo análisis del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). De ahí, su dilatada espera. Esto, puesto que la Mandataria interina decidió no promulgar la misma y remitirla, a mediados de julio, al Tribunal para su evaluación.
La candidata presidencial entendió que merecía revisión. Esta es la norma con más tiempo de pausa de las cinco mencionadas.
CLÍNICAS La segunda que aguarda su promulgación es la que refiere a la posibilidad de que la ciudadanía acceda a la atención en los establecimientos sanitarios privados con el consecuente costo del Estado. Esta iniciativa fue sancionada el 8 de julio de 2020. Como aconteció con la anterior ley puntualizada, Áñez resolvió posar la lupa sobre la misma y redirigirla también al Tribunal.
Su sanción fue posible después de que obtuviera el visto bueno del pleno del Senado y fuera modificada por la Cámara de Diputados.
A fin de julio, el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado, justificó que la norma presentaba supuestas “contradicciones de forma y fondo”, razón por la que el Gobierno optó por enviarla a consulta. Hasta la fecha, no hay mayores noticias sobre su evolución.
PLASMA El tercer proyecto que remitió el Gobierno de Áñez al Tribunal Constitucional Plurinacional ha sido el referente al fomento de la donación de plasma hiperinmune.
El texto de la norma, catalogada como la Ley 696/20 y sancionada por la Cámara de Senadores el 14 de julio del año en curso, considera que el acto de donar es “altruista”, por lo que de ningún modo puede estar sujeto a cobro alguno.
El Ministerio de Salud resolvió enviar el escrito, también, al TCP. Arguyó dos motivos: el primero se centró en supuestas “vulneraciones” dentro del proceso que siguió el Legislativo. El segundo apuntó a que el Ejecutivo “no fue consultado sobre los alcances”, de acuerdo con lo relatado por el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado.
PAGO DE CRÉDITOS Este es, quizás, el punto que más preocupa en la sociedad, sobre todo en el sector que ha contraído compromisos con los bancos. La Ley Excepcional de Diferimiento de Pagos de Créditos fue sancionada el 12 de este mes. El propósito ha sido alivianar la presión de los prestatarios, quienes atraviesan dificultades para abonar sus créditos. Esto permitiría que los clientes no cancelen sus préstamos hasta el 31 de diciembre.
Luego de que la semana pasada más de dos tercios de la Cámara de Senadores sancionara la ley para su consecuente visto bueno en el Ejecutivo, todavía no hay promulgación.
El ministro de Economía, Oscar Ortiz, aseveró el lunes que el Ejecutivo se encuentra tratando la norma, con la intención de favorecer a los prestatarios, ahorristas y establecimientos financieros. Se esperan noticias en los próximos días, considerando que los bancos continúan con los cobros regulares (aunque con ciertas flexibilidades) durante los primeros días de cada mes. Faltan exactamente 12 días para que inicie septiembre.
No demoraron las asociaciones que representan a las casas bancarias en elevar su desacuerdo con la sanción. Advirtieron que, de ser promulgada, ahondaría no solo la crisis económica, sino también que “se profundizaría la crisis sanitaria”.
En Cochabamba y Oruro, los sectores de la carpintería y de choferes dieron un ultimátum para que Áñez promueva la norma. Advirtieron movilizaciones. También se pronunció el Movimiento Al Socialismo (MAS), específicamente, el jefe de la bancada en el Senado, Efraín Chambi. “Que (el Gobierno) se ponga la mano al pecho y promulgue a la brevedad posible lo que el pueblo ha demandado”.
BONO La quinta norma que aguarda entrar en vigencia es la del Bono Contra el Hambre. Esta, sancionada el 13 de este mes, permitiría que la población acceda al cobro de 1.000 bolivianos. No está claro qué sucederá con esto, puesto que la Mandataria no especificó si el Bono Salud mantendrá su cifra.
Protestas
En Oruro y en Cochabamba, carpinteros y choferes se movilizaron exigiendo que el Gobierno promulgue la ley de diferimiento.
