Así lo recoge un estudio delphi de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES), que aplicó un cuestionario en línea a “un grupo selecto” de 118 actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos. El cuestionario fue aplicado justo en el momento de mayor conflictividad y bloqueos en el país, pero, al ser una tercera ola, no cambia la tendencia de opinión de que Bolivia va por mal camino. Así lo cree el 94.4% de los encuestados. El 90% cree que la situación política es mala o muy mala y aunque hay algo menos de pesimismo sobre la situación económica (83% cree que es mala o muy mala), esta es la principal preocupación del ‘círculo rojo’ hoy, incluso por encima de la pandemia por coronavirus, el colapso del sistema de salud o la convulsión social.

La FES define la encuesta Delphi como “una técnica de consulta estructurada formulada a un grupo plural seleccionado según un muestreo por conveniencia (en nuestro caso, considerando criterios de posicionamiento político, actividad, cargo, especialidad, región, género y edad)”. Es una técnica prospectiva utilizada para obtener información esencialmente cualitativa sobre diferentes temas. “A diferencia de un estudio de opinión cuantitativo, no tiene pretensión de representatividad”, aclara la FES. Esto quiere decir que no se puede generalizar a toda la población, sino a este grupo de 118 encuestados, formado por políticos, analistas, periodistas y académicos.

Un triángulo de confianza

Con una confianza alta o muy alta de 5% y 6%, los órganos políticos del Estado, el Ejecutivo y Legislativo, se encuentran ene horas bajas en el “círculo rojo”. No sucede lo mismo con el Tribunal Supremo Electoral (39%), la Iglesia católica (34%) y los organismos internacionales (32%), son las tres instituciones con mayor credibilidad en el país. Si a esto se le suma la valoración neutra (regular), la confianza en estas tres instituciones sube a 80% en el caso del TSE, 62%, la Iglesia y 77% Organismos internacionales. 

Esto implica que esas tres instituciones sean las convocadas por este grupo de personas para lograr acuerdos en los partidos para que se respeten los resultados electorales y un diálogo político que garantice la paz social después de pasar por las urnas, algo que no parece tan garantizado en opinión de los 118 consultados. 

Y es que más allá de que dos de cada tres de los encuestados estén de acuerdo con la postergación de las elecciones para el 18 de octubre y un 85% diga que irá a votar, un 68% no ve compromiso en el gobierno de Jeanine Áñez en la celebración de elecciones y ponen una vara de participación ciudadana muy alta (mayor al 70%) para que los resultados electorales sean legítimos. 

Si bien un 70% considera que el TSE tiene la capacidad de llevar adelante elecciones limpias, el miedo de este grupo de consultados está en lo que suceda después de la jornada electoral, cuando se den a conocer los resultados. Un 58% ve riesgo alto o muy alto que la violencia se desate después de conocerse al ganador de las elecciones. El resto de cosas, asistencia de electores, padrón o apertura de mesas, se ven como amenazas de riesgo moderado. 

Si bien dos de cada tres responden que no cree que habrá fraude electoral, no ven que ni los comités cívicos ni Juntos o Creemos vayan a aceptar los resultados electores si el candidato del MAS sale elegido presidente en las elecciones del 18 de octubre. El único frente que es mencionado como que aceptaría los resultados sería Comunidad Ciudadana. 

Cuando la pregunta se invierte (si el MAS aceptaría los resultados de una elección en la que otro frente resulte ganador), un 54% considera que no lo harán. Esto lleva a una sensación mayoritaria (más del 90%) de que las elecciones pueden derivar en hechos de violencia, pero más del 60% confía en que los acuerdos políticos aún son posibles. 

A la pregunta de quién debería convocar al diálogo para acordar respetar los resultados, dos instituciones -o grupo de ellas- se destacan: Tribunal Supremo Electoral (36%) y organismos internacionales como las Naciones Unidas (31%). Más atrás están la Iglesia católica (13,1%), que junto a los organismos internacionales jugó un papel fundamental en la pacificación del país de noviembre y en los acuerdos que permitieron levantar los bloqueos de este mes. No le auguran un rol protagónico en este tipo de acuerdo ni al Ejecutivo ni al Legisltivo, ya que ambos poderes se encuentran de cierta forma en la lucha electoral (la presidenta Áñez es la candidata de Juntos y la Asamblea Legislativa está controlada por los dos tercios del MAS). 

El camino contrario, la profundización de la polarización política, podría desencadenar en convulsión social y represión social (53,3% de los encuestados opinan así) o en enfrentamiento violento que pueda llegar hasta la guerra civil (27,6%). Eso sí, creen que los acuerdos poselectorales son posibles, sobre todo uno que agrupe a todas las fuerzas políticas excepto al MAS, pero también (93% lo ve factible), uno que pueda unir al MAS y a comunidad ciudadana (65% entre altamente posible y más o menos posible).