En realidad, el ala radical del MAS planteó dos proyectos de ley que, palabras más, palabras menos, establecen lo mismo: que los bloqueadores y sus líderes no sean enjuiciados por la protesta que rechazaba la postergación de las elecciones. 

Son tan chapuceros e inconstitucionales los proyectos que no tienen consenso ni en el MAS, donde diputados como Henry Cabrera ya se pronunciaron en contra. Pese a eso, es probable que la disciplina partidaria se imponga, como ha ocurrido en otras ocasiones, y que esta ley se apruebe porque el MAS tiene dos tercios de votos en ambas cámaras. Y, como ya ocurrió con otros proyectos, es previsible que la presidenta Jeanine Añez se niegue a promulgar la norma y que la envíe al Tribunal Constitucional para su consulta. Al MAS siempre le queda la firma de Eva Copa, presidenta de la Asamblea, como último recurso.

El tercero de los cuatro artículos del proyecto presentado por la jefa de bancada del MAS en Diputados  Betty Yañiquez  establece lo siguiente: “El Estado boliviano a través de sus cuatro órganos, y fundamentalmente el Ministerio Público y la Policía Boliviana, no podrán iniciar, proseguir o conocer procesos penales, ni civiles en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia en contra de líderes sociales, dirigentes sindicales y cualquier persona movilizada del campo o la ciudad que en ejercicio de sus derecho civiles, políticos, y sociales participaron de las movilizaciones sociales de julio y agosto de 2020”.

El proyecto es tan preciso, que le faltó poner los nombres de los acusados: Juan Carlos Huarachi, Evo Morales, Luis Arce, Segundina Flores  y todos los dirigentes del denominado Pacto de Unidad.

Con este proyecto de ley, el MAS asume la paternidad de las movilizaciones, además de hacer una confesión de parte porque sabe que se cometieron delitos penados por ley y por eso plantea la impunidad para sus bloqueadores.

El planteamiento es inconstitucional porque pretende una retroactividad imposible de aplicar a casos penales y porque rompe con un principio básico de la legislación nacional e internacional: todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.

La pregunta es por qué el MAS plantea un proyecto tan deleznable a riesgo incluso de continuar horadando su imagen y credibilidad. Es probable que las presiones provengan desde el propio Evo Morales, que ha sido el más entusiasta promotor de las protestas, o de los dirigentes de los movimientos sociales que todavía preservan su cuota de poder en el partido.

Pero, mientras el MAS se dispara en el pie con su proyecto de impunidad, los juicios ya están planteados de un lado y del otro. El Gobierno y grupos de la sociedad civil anunciaron o ya incoaron demandas penales contra Huarachi, Morales, Flores y otros porque sus bloqueos impidieron el paso del oxígeno para los enfermos o porque usaron explosivos en la protesta, algo que quedó prohibido desde el gobierno de Morales.

Entre los demandantes, en casos separados unos de otros, están el Gobierno, la Cámara de Transporte de Cochabamba, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), el Sindicato de Ramas Médicas, los familiares de víctimas de los bloqueos que fallecieron por falta de oxígeno y los cívicos de Oruro Rosario Sandalio y Hugo Gutiérrez.

 El MAS, por su parte, respondió con otras demandas, con las que pretende acusar al Gobierno o al alcalde de La Paz  Luis Revilla  de las muertes por falta de oxígeno o de todos los fallecidos por Covid-19. 

Como se puede ver, la pelea pasó de las carreteras a los juzgados y a la Asamblea Legislativa, donde es probable que todo se diluya en papeleos y retórica, y que, de todas formas gane la impunidad.