Es una tragedia para el país, tan duramente golpeado por la epidemia. Y sin embargo, ¡los violentos nos dicen que fue una victoria!

Esta afirmación ilustra bien la ausencia total de valores entre los dirigentes y militantes del partido del fraude. Con esto queda claro que están dispuestos a todo con tal de recuperar el poder, incluyendo asesinar a sus compatriotas o perjudicar seriamente la economía nacional.

No es la primera vez que demuestran esta ausencia de principios. Lo hicieron con los actos vandálicos de noviembre pasado, cuando intentaron impedir el paso de alimentos a las ciudades y dinamitar o quemar infraestructura esencial. Lo reiteraron en los últimos meses, al exigir a sus seguidores que rompieran la cuarentena, arriesgando su vida a cambio de pocos centavos. No es extraño entonces que reincidieran.

En esta ocasión, superaron incluso sus propios estándares en la infamia, al impedir el paso de oxígeno y otros insumos médicos, vitales en medio de la pandemia.

Evidentemente, las preguntas que todo ciudadano debe plantearse son: ¿qué hacer para impedir que los criminales sigan utilizando el bloqueo de caminos, la violencia callejera y el más ordinario vandalismo en la lucha política?, ¿de qué manera se convence a los violentos de que el asesinato no es aceptable?

Es evidente que los crímenes tienen que ser castigados y que los delincuentes merecen penas severas. Pero un análisis desapasionado debería convencernos de que un enfoque puramente policial es insuficiente. La realidad es que los instigadores de la violencia pueden conseguir, con relativa facilidad, gente dispuesta a bloquear, golpear y matar, ya sea a cambio de dinero o por fanatismo ideológico. En consecuencia, la lucha contra la violencia política tiene que concentrarse en estos dos últimos aspectos.

En cuanto al dinero, sería conveniente desarrollar un arsenal jurídico que permita controlar mejor los recursos administrados por partidos políticos, sindicatos y ciertas organizaciones tan poco transparentes como los así llamados “movimientos sociales”. Esos recursos, obtenidos con total opacidad, habrían servido para comprar consciencias, alquilar manifestantes y, lamentablemente, contratar vándalos.

Este debería ser un objetivo y promesa electoral de cualquier partido democrático.

En cuanto a la lucha en el campo ideológico, la misma será todavía más ardua. Conviene recordar en este punto que el partido del fraude, al igual que muchos otros grupos de izquierda, han convencido a amplios sectores de la población de que la violencia política no sólo es legítima sino que puede ser incluso deseable y útil. Se trata del mito de la “violencia revolucionaria”.

En el mismo orden de cosas, la izquierda boliviana, cuyo principal representante es el MAS, no ha tenido inconveniente en atribuirse la representación de toda la nación. Bajo el argumento falaz de hablar en nombre del “pueblo”, un grupo de viejos políticos, en la COB o en la CSUTCB por ejemplo, tienen el atrevimiento de confundir sus pulsiones y apetitos con los deseos del país. Esto tiene que acabar.

Es por eso que los ciudadanos enemigos de la violencia tienen la obligación de refutar estas ideas, tan viles. Y esto se logra pensando, escribiendo, ocupando espacios en los medios y rechazando en toda ocasión las falacias que los criminales llaman ideología.

No será sencillo, considerando que los defensores de la violencia y la mentira ocupan cargos importantes en las universidades, en ciertos medios y en lo que en Bolivia pasa por mundo intelectual y artístico. Sin embargo, es ahí donde reside el verdadero poder del MAS y es ahí donde conviene develar sus redes de adoctrinamiento, compra de consciencias y reclutamiento de militantes. Un fracaso en este combate significará una derrota de la Bolivia democrática. No podemos permitirlo.