Aunque el anterior gobierno, que manejó el país por 14 años, puede ser señalado como el principal culpable de este estado de indefensión, lo cierto es que todos los gobiernos bolivianos, sin importar su ideología, destinaron a la salud y a la educación los saldos de lo que invirtieron en otros sectores mucho más impresionantes y redituables para sus intereses políticos.

Y así llegamos a la pandemia. Ya hemos escrito decenas de notas sobre el tema, pero algo que no parece caber dentro de la lógica es que a causa de los bloqueos que se sufrieron por 11 días en el país en plena crisis sanitaria hayan muerto cerca de 40 personas por falta de oxígeno (según datos del Gobierno, que no toma en cuenta probables decesos en domicilios).

El derecho a la protesta, instituido en nuestra legislación, es usado en Bolivia para secuestrar a la población. Lo vivimos y lo aceptamos periódicamente con resignación. Cualquier demanda de un sector es motivo para obstruir el libre tránsito de los otros.

La fractura del país es tan profunda y evidente, que la única forma “efectiva” que muchos sectores encuentran para hacerse oír es el bloqueo, y su vigencia se ha convertido en la mejor estrategia de lucha. Pero, en época de pandemia, con un país con contados recursos para luchar contra ella, estas movilizaciones no sólo pusieron en riesgo a cientos de movilizados, sino impidieron que otras vidas fueran salvadas.

Aunque en las razones de los bloqueos subyacen problemas estructurales del país -que no tienen únicamente que ver con la fecha de las próximas elecciones-, lo que ha sido condenado es que se haya impedido el paso de personal sanitario, insumos médicos y oxígeno. Que hayan muerto personas inocentes por la falta de acceso a un recurso vital, es un extremo que ya ha derivado en propuestas legales para que se sancione a los promotores de los bloqueos. Del otro lado, por supuesto, ya hay una propuesta de ley en el Congreso para darles inmunidad. Nuevamente los polos se enfrentan, cada uno por los extremos.

Pero, volviendo al tema de fondo -la muerte por la falta de oxígeno-, es preciso hacer una profunda reflexión sobre nuestra precariedad extrema: no es posible que un país en pandemia no tenga generadores de oxígenos en cada departamento, en cada hospital importante. O que, porque algunos hay que los tienen, éstos no estén en condiciones de funcionar regularmente. Tampoco es aceptable que existan unas pocas empresas que brindan estos servicios, de modo que ante una crisis no haya planes alternativos.

Solamente para referirnos a La Paz, la provisión de oxígeno no termina con  el abastecimiento del área metropolitana. Si los hospitales de La Paz y El Alto  no tienen  generadores propios, en los hospitales provinciales no existen ni tanques de almacenamiento. La ausencia total de suministro en estos nosocomios muestra un sistema olvidado por años, que depende de tubos de oxígeno que viajan kilómetros  para ser recargados.

La indolencia de los bloqueos con la población civil y la pobreza estructural de nuestro país son dos enemigos demasiado fuertes para poder luchar contra ellos en medio de una pandemia, y las víctimas de esta guerra han sido, como siempre, los inocentes.

Hay muchos temas sobre los que no hay consensos posibles en Bolivia, pero debiéramos llegar a ciertos acuerdos que se respeten más allá de los intereses políticos o sectoriales: Nunca privar a ningún ciudadano o ciudadana de lo que necesita para vivir por ninguna movilización política; y exigir a las autoridades las condiciones elementales en salud para que no se pierdan vidas de manera tan lamentable.