Aunque no están prohibidas las campañas electorales, tendrán que suspenderse o limitarse a su mínima expresión, especialmente las tradicionales concentraciones, los actos masivos, los abrazos, besos, besitos, etc. La Covid-19 ha movido el piso a los candidatos y a sus aparatos de campaña porque tienen que cambiar de paradigmas y buscar nuevas formas de conquistar a sus potenciales votantes. En este proceso electoral se tienen que utilizar (como nunca se hizo antes) los medios masivos y revalorizar el debate político virtual entre los principales candidatos presidenciales.

Y como se trata de una de las actividades que mayor movilidad social produce, dependiendo de cómo evolucione la pandemia, siempre habrá un alto riesgo de propagación y contagio de la enfermedad. Es fundamental que el organismo electoral establezca los protocolos necesarios de bioseguridad, que aseguren que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, pero sin sacrificar sus sagrados derechos a la salud y a la vida.

El Tribunal Supremo Electoral debe considerar nuevas condiciones y formas de emitir el voto, masivos instrumentos de salubridad, una estrategia comunicacional agresiva, y nuevas modalidades de votación. El Órgano Electoral no debería descartar, por ejemplo, el voto electrónico, común en otros países. Esta modalidad permitiría ejercer este derecho político con anticipación a las elecciones y, lógicamente, sin necesidad de hacer fila ni tener que paralizar el país todo un día (así sea domingo).

Es cierto que el voto electrónico, en algunos países como la Venezuela de Maduro, se ha instrumentalizado para el fraude, pero siempre hay ese riesgo hasta con el sistema manual. Lo que no debe hacerse es seguir con la forma tradicional, máxime ahora que la Covid-19 hace de las suyas. La revolución tecnológica, en este sentido, siempre será una aliada estratégica de los procesos electorales, ya que permite seguir en vivo cualquier evento electoral y así aumenta y se fortalece la institucionalización y se busca la modernización del Estado.

Sin embargo, uno de los mayores desafíos para el Órgano Electoral será generar confianza, y para ello debe hacer todos los esfuerzos que sean necesarios y, sobre todo, transparentar el proceso íntegro. Tiene que generar las condiciones para que la ciudadanía tenga acceso y acompañe todo el quehacer electoral, así como facilitar la información y transmisión de los resultados.

El Órgano Electoral debe estar no sólo informado sino consultando periódica y sistemáticamente a la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud y expertos en salud pública, de modo de saber, hasta donde sea posible, cuál será la evolución de la pandemia de Covid-19. Igualmente debe tener un plan B para la eventualidad de que continúen los riesgos de propagación y contagio comunitario.

El poder electoral, que monopoliza el proceso electoral, tiene la misión fundamental de garantizar el ejercicio pleno y complementario de la democracia directa y participativa, la representativa y la comunitaria. Y aunque no lo establezca expresamente la Constitución, ahora tiene la responsabilidad histórica de garantizar, además, la salud de la ciudadanía, que tiene la obligación de concurrir a las urnas y ejercer su derecho político de votar y elegir a sus autoridades para la conformación del poder público.