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Medio: El Deber
Fecha de la publicación: martes 18 de agosto de 2020
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Marchas, bloqueos, paros y otros
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La Ley 400 o Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados y el decreto 2888, ambos promulgados por el ex-presidente, Evo Morales, deben ser la base jurídica para los procesos que demandó el Gobierno al Ministerio Público en contra de los que promovieron y llevaron adelante los bloqueos que duraron 12 días.
“Todos aquellos caballeritos que han usado armas de fuego, que usaron dinamita dañando el bien público y privado, todas esas personas deben ser procesadas de acuerdo a la ley 400 y el decreto 2888, tal cual como lo hizo Evo Morales, no es una ley ni un decreto de Jeanine Añez”, dijo el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
La Ley 400 regula el uso y portación de armas y explosivos. Crea 15 tipos penales para sancionar a quienes utilicen estos elementos sin autorización o licencia; esos tipos penales prevén una pena de hasta 30 años sin derecho a indulto.
En el caso del decreto 2888 establece prohibiciones del uso, tenencia y porte de explosivos “y de otros materiales relacionados, en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales” señala el decreto aprobado en septiembre de 2016.
Los dirigentes de los Yungas que tuvieron conflicto con el Gobierno, recordaron que ese año, el Gobierno de Morales intentó tomar la sede de Adepcoca y ellos organizaron el bloqueo de caminos. El Gabinete aprobó el decreto y empezó la represión a los cocaleros de los Yungas, ese decreto también remite los delitos a la Ley 400.
Los masistas presentaron un anteproyecto de Ley que intenta blindar a los dirigentes y gente de base que participaron de las últimas movilizaciones, Murillo les recordó que las leyes no son retroactivas, salvo para beneficiar a los detenidos, y este no es el caso, dijo.
Los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), en determinado momento del conflicto anunciaron que había 170 puntos de bloqueo en todo el país. En varios de estos puntos se denunciaron abusos de los bloqueadores, como el “cobro de peaje” en el altiplano a los transportistas para dejarlos circular.
Los derrumbes, principalmente en la carretera entre Oruro y Cochabamba, fue provocada por dinamita. También se registró el saqueo de camiones de alto tonelaje y que intentó ser minimizada con un video mostrando que se trató de una venta de pollos.
Murillo recordó que muchas personas particulares y algunas empresas ya presentaron denuncias contra los que resultaren responsables por las pérdidas registradas en estos bloqueos.
Pero los dirigentes recordaron que están en cuarto intermedio en las movilizaciones y en estado de emergencia, precisamente para impedir que exista persecución en su contra y de los movilizados.