En una implícita admisión de autoría en los bloqueos de carreteras de dos semanas, que tuvieron como consecuencia la muerte de más de 40 personas por falta de oxígeno varado en las rutas, el Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció que prepara un proyecto de ley para proteger a dirigentes y miembros de los movimientos sociales que impulsaron las movilizaciones de agosto.

En palabras del diputado Édgar Montaño del MAS, el proyecto de ley es para “proteger a los dirigentes que en su legítimo derecho están pidiendo equipos de bioseguridad, libertad de expresión y democracia”. 

Según Montaño, los dirigentes que bloquearon el país, entre ellos el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, “son objeto de persecución e incluso son encarcelados”.

La respuesta del gobierno fue inmediata. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, calificó el proyecto como una ley de impunidad que pretende beneficiar a quienes protagonizaron 12 días de bloqueos, ocasionando la escasez de insumos médicos y alimentos, además de las ya citadas muertes de enfermos en los hospitales.

La intención de la bancada del Movimiento al Socialismo viene a confirmar que en el último tiempo la Asamblea Legislativa, bajo su control por mayoría, se ha convertido en el brazo operativo de las acciones políticas del partido de Evo Morales, que legisla para casos específicos en beneficio de sus seguidores, y no legisla para el país ni en perspectiva de futuro, como debiera ocurrir.

Al MAS parece ya no importarle ni siquiera las formas ni dejar en evidencia el grado de decadencia de su accionar orientado casi exclusivamente a la defensa de sus intereses.

Lo propio se observó cuando se promulgó la ley para ‘reglamentar’ los estados de excepción, que amarró de manos a Fuerzas Armadas y Policía Nacional porque se les atribuyó la responsabilidad de las órdenes y acciones que cumplan en ejecución de la medida, y, lo que es peor, determinó que no se podrá suspender ningún derecho vigente en condiciones de normalidad, convirtiendo así un estado de excepción en un instrumento inservible para el Gobierno.

Y ahora, de los mismos creadores llega la ley que protegerá a los seguidores del MAS que protagonizan bloqueos de carreteras, que es el origen de los atropellos a ciudadanos, privación de libertades de libre circulación y derecho a la alimentación y la salud, sin contar los cuantiosos daños a la economía y a la propia infraestructura caminera que normalmente queda destruida allí donde explotan dinamitas o empujan rocas desde los cerros.

Leyes así son inconcebibles en un Estado serio y responsable de su destino: ningún país del mundo, ni los más autoritarios, aprueba leyes para defender a quienes provocan daños a la vida y cometen delitos.

Cuál es el límite del MAS en una Asamblea que perdió por completo el respeto y la credibilidad de la ciudadanía? El país está dejando pasar leyes literalmente absurdas ante la indiferencia de partidos e instituciones democráticas.
El Gobierno nacional, de tibia actuación durante los bloqueos, tendría que demostrar que se ajusta al cumplimiento de la ley para procesar sin más demoras a los responsables de los actos delictivos durante los bloqueos de este mes.