Este lunes, la diputada Betty Yañíquez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), presentó el anteproyecto de “Ley Extraordinaria para la Protección y No Criminalización de la Protesta Social”, en coincidencia con el fin de las movilizaciones de este mes en el país.

Según justificó la legisladora, la norma busca “ratificar” derechos y garantías constitucionales, además de “derechos más favorables contenidos en tratados  e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos a favor de los líderes sociales, dirigentes sindicales y cualquier persona movilizada” en agosto de 2020.

Si bien el anteproyecto fue presentado a nombre de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados, pues a la fecha Yañíquez es la jefa de dicha bancada, su colega Henry Cabrera, también del MAS, por la tarde afirmó en radio Panamericana que por lo menos él no había asistido a ninguna reunión en que se hubiera tratado el anteproyecto hecho a conocer hoy por Yañíquez.

Cabrera incluso señaló que el referido anteproyecto de Ley Extraordinaria para la Protección y No Criminalización de la Protesta Social fue presentado “a título personal” de Yañíquez, que se lo tenía como tal incluso siendo ella jefa de la bancada masista.

La mañana de este lunes, también el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, había afirmado que no se necesitaba de la aprobación de una norma especial para proteger los derechos a la protesta de las personas movilizadas, que la actual normativa basta para ello.

Respecto del anunciado anteproyecto, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que la medida, de llegar aprobarse, en todo caso no tendría que ser retroactiva, y que igual se va sancionar a quienes hayan portado armas o cartuchos de dinamita en las recientes movilizaciones.

“Todos aquellos caballeritos que han utilizado armas de fuego, dinamitas, dañando el bien público y privado, todas esas personas deben ser procesadas de acuerdo a Ley 400 y de al Decreto 2888, solamente lo pongo y lo contextualizo”, dijo el funcionario, según citó ABI.

Por 12 días, desde el 3 de agosto, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad propiciaron un bloqueo de caminos en protesta por la postergación de elecciones dispuesta para el 18 de octubre por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Las movilizaciones cerraron gran parte de las vías camineras del país.

La Fiscalía de La Paz ya lleva adelante la investigación de la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia contra el expresidente Evo Morales; los candidatos presidenciales del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca; el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, y los dirigentes cocaleros Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza, por al menos siete delitos penales por promover las movilizaciones de agosto; se los acusa, entre otros, por genocidio, terrorismo y delitos contra la salud pública.

Pese a que personalmente el diputado Cabrera no participó en la elaboración ni presentación del referido anteproyecto, señaló que de todos modos existe la necesidad de frenar la persecución política de que pueden ser objeto dirigentes y personas movilizadas en este mes contra la postergación de las elecciones, del 6 de septiembre al 18 de octubre.

(17/08/2020)