“El punto más importante es que no han podido respaldar científicamente la fecha de las elecciones. El pueblo boliviano nos puede acusar en algún momento si hay enfermedad y si hay muertes en Bolivia por no haber respaldado, en cambio nosotros vamos a hacer una demanda al TSE porque no nos están dado las garantías (de salud para la jornada de votación)”, declaró Calvo a la salida de la reunión.

La reunión se llevó adelante, la tarde de este lunes, entre representantes de los comités cívicos y el Presidente del TSE. Entre otros puntos, Calvó informó que la entidad electoral se comprometió a publicar una “lista de los 20 puntos” relacionada a los indicios de fraude electoral que la Organización de Estado Americanos (OEA) y la Unión Europea emitieron.

El TSE también pasará a los comités cívicos una lista de todos los funcionarios que fueron depurados por ser presuntos cómplices del “fraude de octubre del 2019”, sostuvo Calvo.

Por su parte el presidente del TSE, Salvador Romero, manifestó que el Órgano electoral tuvo una reunión extensa con los representantes de los movimientos cívicos del país en la que ratificó el 18 de octubre como la jornada de votación definitiva, inamovible  e impostergable.

Las razones serían porque el pico de la pandemia de Covid-19 se generaría entre la última semana de agosto y la primera semana de septiembre y porque existe un mandato constitucional que dice que las autoridades deben ser posesionadas en el 2020, señaló Romero.

Al respecto, Calvo manifestó que el TSE no pudo demostrar la base científica con la que se eligió el día la votación y solo mencionó que fueron asesorados por la Organización Panamericana de Salud (OPS), que es una institución que tiene conocimiento sobre la pandemia y su desarrollo  en la región.

Según el criterio del líder cívico, la decisión de las elecciones generales se tomó entre cuatro paredes y ahora se quiere hacer creer, —por la existencia de una ley–, que las elecciones se tienen que llevar adelante de manera inamovible.

Una resolución de la Asamblea de la Cruceñidad, de fecha 11 de agosto, demandó la renuncia de Salvador Romero “por no demostrar una conducta responsable con la historia del pueblo boliviano”. También exigieron al Ministerio Público presentar un informe actualizado del proceso de investigación del fraude electoral, entre otras demandas.