Medio: Opinión
Fecha de la publicación: domingo 13 de mayo de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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Edgar Bazán, alcalde de Oruro, fue enviado la tarde de este sábado al penal de San Pedro de la capital del Pagador, acusado por el Ministerio Público, la Procuraduría y el Concejo Municipal.
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LA AUTORIDAD COMPRÓ EL MATERIAL DE CHINA
Alcalde orureño es enviado a la cárcel por caso Mochilas
Bazán está acusado por lo delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
| LA PAZ/URGENTEBO Twitter: @DiarioOpinion | 13 may 2018
EL ALCALDE DE ORURO, EDGAR BAZÁN, INGRESA AL PENAL DE SAN PEDRO. APG
Edgar Bazán, alcalde de Oruro, fue enviado la tarde de este sábado al penal de San Pedro de la capital del Pagador, acusado por el Ministerio Público, la Procuraduría y el Concejo Municipal.
La suerte del Alcalde cambió en las últimas horas. El viernes fue internado en un hospital de Oruro con el argumento de que padecía de un cuadro de estrés. Sin embargo, el juez que atiende el caso Mochilas ordenó su detención preventiva.
El Alcalde, del Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria, fue denunciado por concejales de la ciudad el mes pasado por la compra en 2016 de unas 40.000 mochilas escolares de procedencia china por el equivalente a unos dos millones de bolivianos, cuando el costo era cerca de 400 mil bolivianos. de acuerdo con los denunciantes.
"Quiero comunicar a la población que me estoy trasladando al penal de San Pedro y cumpliré como cualquier ciudadano, no tendré ningún privilegio", dijo Bazán cuando era llevado a la cárcel de San Pedro. En el penal permanecerá detenido preventivamente por la compra irregular de 40.000 mochilas escolares y un daño económico al Estado de 2 millones de bolivianos.
El fiscal departamental, Mario Rocha, fue quien comunicó oficialmente que el juez decidió el encierro de Bazán por los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes, por el caso mochilas.
Aunque el Alcalde aseguró su inocencia en este caso, lo cierto es que la denuncia presentada por este caso no avanzaba desde hace ocho meses. Se quedó congelada en los archivos del Ministerio Público.
El 13 de septiembre de 2017, el mismo fiscal Rocha dio a conocer que el caso de las mochilas escolares chinas fue admitido para su investigación.
"Previo análisis hecho en plataforma de la Fiscalía, se ha admitido la denuncia en contra del alcalde Bazán y se ha pasado a la División Anticorrupción, a cargo de los fiscales Juan Carlos Illanes y Parmenia Vidaurre", dijo entonces.
INOCENTE "Desde allá me defenderé para demostrar mi total inocencia en un proceso totalmente injusto instaurado en mi contra", dijo Bazán al salir del Policlínico Oruro, donde estuvo internado en las últimas horas.
En abril pasado, la autoridad dijo que él no tiene nada que ver con el caso y recordó que solicitó a la Contraloría General del Estado que realice una auditoría especial.
La primera irregularidad del caso Mochilas radica en que estas fueron importadas cuando debían ser adquiridas en Bolivia de productores nacionales, como parte del aliento a la producción boliviana, lo que está definido por ley.
BIENES El viernes, un fiscal ordenó además la incautación cautelar de bienes del arrestado.
Esa decisión fue asumida para precautelar el pago por si tuviera que resarcir algunos daños al Estado si es condenado por los delitos que le imputa el Ministerio Público.
ANTECEDENTES El pasado 13 de abril del presente año, los concejales Denisse Villca y David Choque denunciaron el presunto sobreprecio y daño económico de unos 2 millones de bolivianos en la compra de 40.000 mochilas en 2016.
Según la denuncia, cada una de las mochilas fue importada de China a 35 bolivianos, pero el municipio pagó 80 bolivianos.
El concejal Choque indicó que el daño económico por cada mochila es de 45 bolivianos.
El viernes, la querella fue ampliada al proveedor Marco Murillo, en tanto que Bazán es procesado por incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.
Diez años
El delito de contratos lesivos contra el Estado es sancionado hasta con 10 años de privación de libertad.