Con excepción de extremistas como Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, que llama bestias humanas a los bloqueadores y al día siguiente de semejante declaración se ratifica en lugar de retractarse, los ministros que desafían con bala y en arranques de ira amenazan con desapariciones, llegan a la sensata conclusión que el de la violencia sería el camino más corto para terminar de fracasar en la transitoriedad gubernamental y, por ello, optan por armar una caravana de transporte de cisternas con oxígeno sin policías ni militares, y ven por conveniente que en la carretera la coordinación quede a cargo del representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox y la Cruz Roja, hasta llegar a La Paz, efectuando un rodeo por Chuquisaca y Potosí.

Bolivia está desde el 10 de noviembre de 2019 en guerra civil simbólica. A partir de entonces comienzan a incubarse grupículos civiles en plan justiciero y superheroico que hacen vigilias en puertas de domicilios particulares y vigilancia urbana en motocicletas, amedrentan enemigos por redes sociales, y hasta los amenazan con eliminarlos físicamente. Pero cuando ya nos encontramos nuevamente en el borde del abismo, casi todo queda, afortunadamente, en pura prepotencia verbal. Los aprendices de reyertas callejeras con tufo político, esos a los que Evo bautizó como pititas en plan subestimador, le podrían preguntar a Felipe Quispe, el Mallku, cómo se hace para alfombrar con piedras una carretera y bloquear de verdad, a riesgo de que aparezcan “motines” y “milicos” para corretear y detener “indios”, con instrumentos disuasivos, o peor, como en Senkata y en Sacaba, con armas que acabaron con las vidas de más de 30 personas.

La presidenta Áñez no incluye a la wiphala en la banda presidencial, aunque bien sabe que se trata de un símbolo patrio constitucionalizado.  Se refiere a la República de Bolivia y tiene el cuidado de jamás referirse al Estado Plurinacional. Y en su sistemático juego iconográfico, en el programa del 195 aniversario de la independencia y la fundación del país, incluye un Te Déum oficiado en la Catedral Metropolitana de la sede de gobierno por monseñor Edmundo Abastoflor, pasándose por el forro la nueva condición, también constitucionalizada, de Estado laico y un día antes del feriado, en un forzado gesto por exhibir fortaleza, posesiona a Branko Marinkovic como ministro de Planificación del Desarrollo; esto es, para los sectores populares social y políticamente organizados a partir de las acciones de la COB, el Pacto de Unidad y el MAS, la otorgación de poder a alguien que estuvo fuera del país durante una década, acusado de separatismo, en tiempos en que Manfred Reyes Villa había afirmado con ardor: “Adelante Santa Cruz con su independencia”.

Se trata del intento de desmontaje del Estado Plurinacional. Ni más ni menos. Y para ello, torpes operadores con entrenamiento en el Norte, titulan notas de opinión con pretensiones de estrategia electoral: “Mesa y Jeanine deben pactar para evitar que el MAS de Evo Morales regrese al poder”, que a los pocos minutos de haberla subido a la red, es sustituida por otro título sin rasgos comprometedores: “La difícil transición tras la caída de Evo Morales”. En dicho texto, el autor se dedica a enumerar los desaciertos y los claros indicios de corrupción del gobierno encabezado por Áñez, pero como hay que evitar que Morales vuelva, no importa, mejor nomás unirse con el candidato Carlos Mesa, quien deja fuera de juego a su ayudante al declarar que el hecho de que Áñez se habilitara como candidata presidencial, da pie a validar la versión de que efectivamente lo que hubo en Bolivia fue un golpe de Estado.

En este intento de construcción de una opción alternativa para que el MAS y Evo no regresen al poder, lo que apenas encontramos hasta ahora es el desconocimiento de símbolos patrios, de ciertas cualidades insertas en la Constitución votada en las urnas en 2009,  el desempolvamiento y la puesta en vigencia de personajes en su momento apartados del debate nacional y el incesante fogoneo de operadores-opinadores que saben perfectamente qué no quieren para Bolivia —el retorno de Evo y los suyos—, pero que siguen sin exponer mínimamente qué es lo que alternativamente habría que hacer para superar el atoramiento en el que se encuentra esta Bolivia históricamente partida por el eje debido al racismo y a la exclusión social nacientes en la Colonia.

Entretanto, en las carreteras bloqueadas, en las zonas rurales organizadas, se gesta una persistente y tenaz lucha por la recuperación del voto para restituirle al país su condición democrática plena con el costo que implica la criminalización de presuntamente evitar el paso del oxígeno por las rutas interdepartamentales. El Gobierno, desgastado por la irregular gestión sanitaria contra la pandemia, montado en el córcel de una lucha sin pausa contra el narcotráfico con persecución de “sediciosos” y “terroristas”, con renuncias de personeros de alto nivel convertidas en moneda corriente, finalmente se rinde ante la evidencia de que el único camino es el de la promulgación de la ley que autoriza la realización de elecciones el 18 de octubre como fecha límite, con artículos de penalización a quienes osaran intentar posponerla por tercera vez.

Estado Plurinacional versus República. Wiphala versus tricolor. Religión oficial (católica) versus Estado laico. Cívicos contra indígenas radicalizados, reducidos a categoría infrahumana. Aymaras radicalizados contra croatas “que deberían regresar a su país”.  He aquí el resumen de acusaciones e impugnaciones en esta guerra verbal entre las dos Bolivias marcadamente separadas en las que campea la hostilidad, la desconfianza y un legítimo resentimiento histórico que muchos traducen con una sola palabra: Odio.