Una tregua política no es una renuncia, ni un descanso, ni la conclusión de un acontecimiento. Es la manifestación de un acuerdo por un receso temporal, o un dinámico espacio de tiempo para la recomposición de los planteamientos y la reorganización de las fuerzas que hacen parte del campo político. 

En la actual coyuntura boliviana, entendemos la tregua como la reorganización de las sinergias políticas para superar el conflicto y reorientar la azarosa construcción de la democracia en un contexto combinado de pandemia y elecciones.

Desbordados por la intolerancia
Nos pusimos al borde de la tragedia. No es la primera vez en nuestra historia. En realidad, es la expresión de un proceso de tensiones no resueltas que reaparecen en el tiempo con distintas manifestaciones, convirtiéndose en deudas históricas.

Entre otros, en la actual coyuntura se han puesto en agenda la pacificación, el racismo, la exclusión y la pobreza, y todo esto en un ambiente de inclemente escalamiento de la pandemia. Estas deudas históricas se canalizan por medio de dos mecanismos: la débil institucionalidad del Estado y el retorno ciudadano a las calles y carreteras para expresar sus demandas. La poca correspondencia entre ambos, alimenta el conflicto.

La polarización que vive el país no se procesó en encuentros y diálogos, sino todo lo contrario, un cúmulo de acciones la tensaron en los límites confrontativos de la intolerancia. Los debates entre voceros de las distintas tiendas políticas, basados en rosarios de ataques poco fundamentados, son el mejor ejemplo del sectarismo y de la degradación de la política.  
En ese marco, y con las mismas características, en los recientes movimientos no se destacaron las reivindicaciones, sino las formas de ruptura entre los grupos en conflicto y entre este movimiento social y los que por tradición removían los ciclos políticos del país. Lo vivido recientemente no es ni por asomo parecido a la marcha por la vida de los pueblos de tierras bajas que alimentaron la solidaridad del país entero, ni tiene visos de comparación con la resistencia alteña en octubre de 2003, cuando puesto de pie cambió el rumbo del ciclo estatal. El reciente movimiento, entre otras manifestaciones, reactivó el racismo, enlodó la protesta social con acciones inhumanitarias evitando el paso de oxígeno a los hospitales, y mostró inconsistencias orgánicas. 

Un hecho que debe llamarnos a una profunda reflexión, es el resurgimiento regresivo de manifestaciones extremistas de la tensión étnica. De un lado el indigenismo que combina demandas de inclusión con planteamientos de negación, como la proclama de la nación del Kollasuyo que debería reemplazar a la nación boliviana. En el otro extremo, la proclama cívica que repone en el tablero la exclusión racial, social y territorial.

El gobierno tuvo la intención de aprobar un decreto para la acción militar, dio plazos de extinción para el diálogo, susurró a los cuatro vientos que lo políticamente correcto sería meter bala, y contribuyó así a un estado de turbulencia política y de crispación ciudadana, en un ambiente de suyo ya de alta incertidumbre por la pandemia.

Las deudas históricas fluyen por los derroteros de la débil institucionalidad estatal, que no aprende a procesar todavía las ventajas de la independencia de poderes. El poder dual entre los poderes ejecutivo y legislativo se acrecienta y el gobierno se crea una innecesaria diferenciación del poder electoral por la fecha de elecciones. Por estas razones y su distanciamiento de las otras organizaciones políticas, de los movimientos sociales y de la opinión pública va perdiendo capacidad de convocatoria, como se pudo constatar en el llamado a diálogo nacional impulsado sin coordinación con los poderes electoral y legislativo, que estaban ya dialogando con las organizaciones en conflicto.

Una tregua por la vida y la democracia

La tregua que le da un soplo de oxígeno a la vida del país, es producto de la articulación de fuerzas, con entendimiento a veces voluntario y otras forzado, de las partes. Resulta de vital importancia el rol que cumple el Tribunal Supremo Electoral encarando la tarea no siempre comprendida del diálogo. El acuerdo que logra con la Asamblea Legislativa para la aprobación de la Ley de Elecciones para el 18 de octubre, es la base de la tregua. A esta iniciativa se suma el Poder Ejecutivo promulgando rápidamente la ley. El acompañamiento de la Iglesia Católica, de Naciones Unidas y de la Unión Europea son presencias que simbolizan la garantía de cumplimiento de los acuerdos. Y la aprobación de buena parte de las organizaciones políticas y líderes de los movimientos sociales, posibilitan el levantamiento progresivo de los bloqueos.

La tregua viene a constituirse en la posibilidad de recomposición de los caminos para la vida en democracia, particularmente de la lucha contra la pandemia y el desarrollo del proceso electoral. Para que esto ocurra, son necesarias acciones de sus distintos actores.

Una de las primeras tareas en esta tregua es la coordinación entre poderes del Estado para viabilizar propuestas en función del bien común. De esto depende la posibilidad de acuerdos que involucren a las organizaciones políticas y de la sociedad civil. Bolivia necesita poderes-Estado que gobiernen para beneficio de sus ciudadanos y de la democracia, y no poderes-partido que privilegian intereses corporativos, regionales y proselitistas.

El Poder Ejecutivo requiere recuperar credibilidad para liderar las tareas pendientes de su encargo transitorio, particularmente la pacificación, que es un desafío contínuo y permanente. Recordemos que después de los acontecimientos de octubre y noviembre 2019, la pacificación fue posible gracias a la intervención combinada de la voluntad ciudadana por la recuperación de un estado de concordia, la decisión de la presidenta por impulsar la pacificación y la intervención de la presidenta del Senado para la elección de nuevas autoridades electorales y la convocatoria a elecciones. También al Poder Ejecutivo le corresponde liderar la lucha contra el coronavirus, superando las condiciones de precariedad de nuestro sistema de salud, cuya salida depende en gran medida de la capacidad de coordinación nacional, con una estrategia y transparencia rigurosos.

El Poder Legislativo necesita acompañar iniciativas en favor de la lucha contra la pandemia, enriqueciéndolas con iniciativas que garanticen la primacía de los derechos, la atención adecuada de los sectores más vulnerables y la vida de todos los ciudadanos.

El Poder Electoral tiene la tarea, compleja, de garantizar elecciones limpias y transparentes el 18 de octubre, así como de garantizar, con el apoyo de los otros poderes, las condiciones de bioseguridad óptimas para una jornada democrática con alta participación.

Las organizaciones políticas tienen la obligación de asumir que Bolivia necesita propuestas que trasciendan el hecho electoral y señalen caminos para el país postpandemias con propuestas para un nuevo ciclo estatal. En el recorrido electoral, es imprescindible subir el nivel de la política, alentando esfuerzos por debates con sensatez y concordia y garantizando del desarrollo de debates presidenciales de cara al país.

Por su parte, los movimientos sociales tienen que generar un proceso de reflexión interna profunda, que les permita recuperar la dignidad de sus propuestas con respeto a la vida; al mismo tiempo que les devuelva su capacidad orgánica para superar las segmentaciones, tejiendo reivindicaciones, propuestas y acciones comunes. Su presencia sigue siendo vital en el control social y en la participación representada en las grandes decisiones del país que necesitamos construir.

En conclusión, la tregua es el tiempo para proyectar un gran pacto nacional por la vida y la democracia, con participación de los sectores políticos y sociales, estatales y de la sociedad civil, garantizando acciones contundentes para enfrentar la crisis sanitaria, con acercamientos constructivos para superar la crisis política, y sentando las bases de estabilidad para un país viable capaz de enfrentar la crisis estructural. La clave es el diálogo.