La reciente protesta ciudadana abrió un escenario de decisiones políticas sobre las elecciones en Bolivia que difícilmente lo hubiese logrado cualquier mediación político partidaria. Esto significó dos cosas: definir la nueva fecha de las elecciones por ley (como correspondía) y “blindar” la realización de las elecciones generales este año, en el marco de la coordinación entre órganos y de la Constitución Política del Estado. Estas decisiones –que ahora están bajo la atenta mirada de la vigilancia de la ciudadanía que no dudará en activar otra acción colectiva si se incumple la salida institucional– son un buen indicador, pero se requiere de compromisos en el campo político para una transición pacífica hacia la recuperación de la institucionalidad democrática.

El primer compromiso deviene de la responsabilidad del Órgano Ejecutivo para desembolsar los recursos suficientes y necesarios que aseguren el cumplimiento riguroso de las actividades planificadas en lo que resta del proceso electoral, además de decisiones administrativas para el arribo de las misiones de observación y funcionamiento adecuado de las delegaciones diplomáticas del país en el exterior. También se necesita la certeza de frenar sus ímpetus represivos, la persecución, la limitación de derechos ciudadanos, el congelamiento de las conquistas sociales y que no se militarizará por ningún motivo nuestra cita con la democracia.

El compromiso del Tribunal Supremo Electoral radica en cumplir con celeridad y transparencia todas las actividades del calendario electoral, establecer los criterios de fiabilidad en la trasmisión del cómputo y, sobre todo, la posesión de las nuevas autoridades en el plazo más breve posible. Este último asunto es fundamental para la renovación de los cuerpos legislativos, inmediatamente después de conocerse los resultados oficiales en la asignación de escaños.

La Asamblea Legislativa Plurinacional no es un actor pasivo; tiene la misión de fiscalizar cada una de las decisiones de los otros órganos del Estado. Una tarea de vital importancia es garantizar la aprobación y el cumplimiento de las determinaciones legislativas en todos los planos (económico, social, sanitario, político y cultural); no se puede postergar la aprobación de instrumentos legislativos que corresponden a esta gestión constitucional, mucho más cuando media un periodo de transición entre su finalización y la nueva gestión constitucional.

Las organizaciones políticas deben comprometerse a reconocer los resultados electorales; algo obvio y que, sin embargo, es necesario para dar un mensaje positivo a la ciudadanía, lejos de apetitos instrumentales, prorroguistas o de cualquier otra índole que lesionen la esperanza de contar con un gobierno legítimo para enfrentar la crisis múltiple que vive nuestra patria.

Asimismo, urge una singular claridad en la comunicación de las organizaciones políticas de un programa de gobierno con tres temporalidades concretas respondiendo a: 1. Medidas de plazo inmediato sobre la defensa de la vida, la economía y las demandas sociales; 2. Medidas a corto plazo con un plan de acción que vincule la etapa de transición con las primeras decisiones de gestión gubernamental apenas se posesionen las nuevas autoridades; 3. Medidas estratégicas para responder estructuralmente a la crisis múltiple.

Así, el compromiso por Bolivia implica articular de manera efectiva los seis ejes constitucionales para reponer el bien común y la aceptación de la legitimidad del derecho a la diferencia, en un equilibrio que exprese lo nacional plural: 1. Recuperar la democracia para profundizarla, sobre la base de la democracia intercultural y paritaria; 2. Proteger la diversidad de derechos atendiendo a las bolivianas y bolivianos que más lo requieran; 3. Modificar estructuralmente el funcionamiento los órganos del Estado; 4. Impulsar las autonomías territoriales para acercar a la sociedad civil con el Estado, sin negar el papel que debe cumplir el nivel central de nuestro Estado Unitario y Plurinacional; 5. Fortalecer los principios de la economía plural; 6. Sentar las bases de un equilibrio entre los diversos sistemas de vida, donde la sociedad es sólo uno de ellos.