El MAS nacionalizó el gas, ¡mentira! Solo compró las acciones necesarias (adicionales a las de los ciudadanos transferidas a YPFB) para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 de las cinco empresas petroleras capitalizadas y modificó condiciones contractuales con las otras empresas petroleras que operaban los principales campos, tarea que ya había comenzado con el referéndum del gas. 

La Ley 3058 de 2005, en cumplimiento de aquel, recuperó la propiedad de los hidrocarburos y creó el IDH del 32%, adicional al 18% de regalías. El MAS, con el DS 28701 de 2006 de “nacionalización”, estableció transitoriamente un 32% adicional de participación estatal para los megacampos que, cuando se suscribieron nuevos contratos, se redujo a una participación de YPFB en las ganancias generadas equivalente al 15% promedio del valor de la producción. 

Este cambio pretendidamente soberano en las reglas significó un gran desincentivo a la inversión extranjera para la búsqueda de nuevos reservorios.

El MAS blindó la economía, ¡mentira! La economía, mucho antes de la renuncia y fuga de Evo, ya mostraba varias señales de debilidad: i) Déficit fiscal del 8,32% en 2018, uno de los más altos de la región; ii) Déficit comercial durante los últimos cuatro años a razón de $us 1.000 millones en promedio por año; iii) La deuda externa subió entre 2007 y 2018 de $us 2.208M a más de  10.000M; iv) La inversión extranjera directa cayó a $us  316M en 2018, la más baja de la región, aún por debajo de la de Paraguay; v) Caída de las reservas internacionales de $us 15.000 M en 2014 a $us 6.500 M en 2019.

El MAS defendió la Pachamama, ¡mentira! La Madre Tierra nunca estuvo tan desprotegida. Así lo demuestran los siguientes datos: i) La deforestación subió entre 2005 y 2018, de 80.000H al año a más de 350.000H, ii) El MAS impulsó la ampliación de la frontera agrícola al ritmo de un millón de hectáreas por año, con la consecuente destrucción de bosques y los incendios forestales de más de dos millones de hectáreas en 2019; iii) Hubo un crecimiento desmedido de la minería ilegal y con ella de la importación de mercurio que subió entre 2010 y 2015 de 1,7T a 35,8T, ocasionando que los ríos, en lugar de llevar vida, sean portadores de venenos y enfermedades; iv) Se inició la exploración hidrocarburífera en 7 de las 22 áreas protegidas; y v) Se empeñaron en construir represas hidroeléctricas en El Bala y Chepete, que de hacerse realidad, generarían un daño irreversible al medio ambiente.

¡Es hora de desenmascarar a los mentirosos!

Partidos antidemocráticos

Con nueva fecha de elecciones para octubre si amaina el desborde de la Covid-19, aún es importante debatir si una democracia debe admitir en su seno a partidos “antidemocráticos”, entendiendo por estos a partidos o movimientos que amenazan con la violencia política, chantajean con la convulsión social, destruyen la institucionalidad democrática, pervierten las instituciones públicas, atacan a los que no comulgan con ellos y manipulan desinformando a la población.

En primer lugar, es necesario distinguir entre lo jurídico y lo político. Si bien es cierto que una democracia debe permanecer abierta a cualquier partido político o agrupación ciudadana que cumpla con todos los requisitos formales y jurídicos respectivos, no lo es menos que ha de fundamentarse en principios básicos de autopreservación para cualquier colectividad política que pretenda sobrevivir en el presente y proyectarse al futuro. Uno de ellos es el respeto a las normas constitucionales básicas (por ejemplo la alternabilidad del poder) y cuyo desconocimiento de hecho no debería quedar impune; tal la sentencia 084/17 del TCP que habilitó inconstitucionalmente al binomio interdicto del MAS para postularse a un cuarto mandato en las fallidas elecciones de 2019.

Otro principio fundamental de una democracia representativa debiera ser la sanción ejemplarizadora a toda agrupación política que deliberadamente, y en colusión con sus representantes políticos en órganos de poder estatal susceptibles de manipulación, cometa delitos electorales que amenacen la legitimidad de las autoridades electas o impidan la asunción de representantes políticos de la población legítimamente elegidos en las urnas. 

En la práctica, para efectivizarse correctamente, dicha sanción requiere el cumplimiento de normas jurídicas que garanticen un debido proceso y el respeto a los derechos constitucionales, incluso de los autores materiales e intelectuales de tales prácticas antidemocráticas.

Esto último podría implicar que –en la complicada coyuntura actual– nuestra frágil institucionalidad democrática aún tenga que permitir la vigencia de partidos antidemocráticos en el sentido expuesto e incluso permitir su incorporación en alianzas electorales y coaliciones de gobierno, siempre que se acojan a las leyes en vigencia. 

Sin embargo, esto que podría estar permitido en términos jurídicos sería una aberración en términos políticos; claramente, sería visto como una traición a la ciudadanía pues, en nuestro caso, se trata de un partido a vetar políticamente en razón de sus antecedentes antidemocráticos y atentatorios al orden constitucional.

En otras palabras, podría ser que el MAS siga siendo parte del sistema político boliviano y participe en las próximas elecciones, pero deberá ser excluido por los otros partidos o alianzas relevantes para la conformación de cualquier gobierno que surja de las urnas el 18 de octubre o el 29 de noviembre de 2020.