En la reciente publicación del Estudio de Integridad Electoral, de la fundación Jubileo, las analistas afirman también que la institucionalidad democrática atraviesa por uno de los momentos más críticos de los más de 37 años de vida democrática en el país, lo que se constituye en un peligro porque puede derivar en la confrontación y profundización de la crisis.

“Estamos pasando por el momento más crítico y más frágil de la institucionalidad democrática”, asegura la analista pólitica María Teresa Zegada.

Por su lado, Brockmann añade que la “verdadera institucionalidad pareciera que es la violencia y la intolerancia”. Mientras que para Cortez se observa “una sociedad conflictiva y sumida en un desbarajuste a partir (de) que el componente institucional está largamente dañado”, desde que el MAS se hizo cargo del Gobierno y buscó copar totalmente el Estado, fortaleciendo un lazo “perverso” con su amplia base social, explicó.

El país vivió 13 días de bloqueos y movilizaciones que estallaron ante la posibilidad de que el MAS pierda su personalidad jurídica en aplicación de la ley de Régimen Electoral, y por la modificación de la fecha de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre.

La crisis se agravó cuando las manifestaciones impidieron el trasporte de oxígeno a los hospitales en plena emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus (Covid-19), y cuando grupos civiles se armaron en el trópico de Cochabamba y parte del Altiplano, según informaron fuentes oficiales del gobierno, mientras que por otra parte -para salir a desbloquear- se organizaron otros grupos de la denominada "resistencia".

“Hay una yuxtaposición de diversos problemas sociales que generan un mayor debilitamiento institucional; porque las autoridades del Ejecutivo y Legislativo son “absolutamente débiles”, no gozan de credibilidad, ni confianza”, comenta Zegada.

Según la politóloga Erika Brockmann esa situación provocó que ataquen al “único pilar fuerte con legitimidad y legalidad que está sosteniendo la institucionalidad democrática en Bolivia que es el Órgano Electoral”. Al mismo, tiempo, cuestiona la arremetida de la Central Obrera Boliviana (COB) y los comités cívicos por buscar “perforar el tablero del proceso electoral”, siendo que el TSE es el “único salvavidas” hacia una solución en esta coyuntura.

Por su parte, Roger Cortez critica al Gobierno, asegura que contribuyó en el “fracaso” del acuerdo que promovía el TSE, entidad que ,según asegura, asumió como un “verdadero Órgano” del Estado, por la “belicosidad” y predisposición a la violencia del Gobierno, en una actitud similar a la del MAS.

Para las elecciones generales se fijaron cuatro fechas, el 3 de mayo, 2 de agosto, 6 de septiembre y ahora 18 de octubre. Los plazos se modificaron por el incremento de casos de Covid-19.

“Las organizaciones políticas, al igual que la institucionalidad democrática, están pasando por su peor fase, no existen como partidos y se han convertido en cascarones vacíos que sólo buscan mantener sus candidaturas externas”, sostiene María Teresa Zegada.

Señala que, a excepción del MAS, que tiene una estructura “distinta por su vinculación con bases sociales y sindicales, el resto de los partidos políticos pasan por su peor momento, no sólo que como partidos no existen, sino porque se convirtieron en cascarones vacíos”, se lee en el Estudio de Integridad Electoral.

Remarca que la principal pretensión de estos partidos es mantener las “candidaturas que armaron coaliciones con el único objetivo de participar de las elecciones generales”. También identifica una distorsión en sus roles y una “debilidad muy fuerte” de quienes conducen estas organizaciones políticas.

Ejemplificó el caso del candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, que advirtió con salir a desbloquear, cuando ese no es su rol. “Es uno de los factores más que le dan mayor fragilidad al sistema de representación política”, afirma Zegada.

Por otro lado, Roger Cortez vislumbra el “hundimiento del sindicalismo” bajo la conducción del dirigente Juan Carlos Huarachi, de quien asegura, “ha llevado a la COB a comandar una movilización indefinida por una demanda de tipo electoral, que ha cobrado vidas por el bloqueo al transporte de oxígeno para enfermos de Covid-19. Sabiendo que ha perdido representatividad y capacidad de convocatoria y el señor Huarachi, que está a la cabeza de la COB, representa la manera más trágica del hundimiento del sindicalismo”, sostiene.

Rememora que la COB, en el pasado era considerada una organización histórica, siendo el “portaestandarte” de las reivindicaciones fundamentales de los trabajadores; en la actualidad, el único objetivo con la radicalización de sus medidas es evitar la rendición de cuentas de la dirigencia de la COB y del resto de las organizaciones sociales.

Finalmente, Zegada sostiene que la actitud de la COB es “inconcebible” por su intransigencia, en un momento crítico por la crisis sanitaria, porque su demanda está lejos de su naturaleza y razón de ser, generando un “terrible polvorín” de conflicto.