Luego de dos semanas de tensiones, reuniones de diverso alcance, gestiones de mediación y la movilización de la COB y el Pacto de Unidad, finalmente se logró dar cauce legal y blindar las elecciones del 18 de octubre: “definitivas, inamovibles e impostergables”, a decir firme del TSE. No es un logro menor dadas las tentaciones autoritarias de radicales de uno y otro lado.

Todo comenzó con la decisión unilateral del TSE de postergar las elecciones, fijadas para el 6 de septiembre, por otras seis semanas. Era el tercer aplazamiento de unos comicios inicialmente convocados para el 3 de mayo. Si bien la decisión del organismo electoral se basó en sólidas razones sanitarias, logísticas y administrativas, equivocó el camino al hacerlo mediante resolución de Sala Plena. Por tratarse de un proceso excepcional, se requería una ley, como sucedió finalmente.

La nueva postergación generó el rechazo del MAS, de la COB, el Pacto de Unidad y otras organizaciones sociales. El rechazo se convirtió en movilización y creciente bloqueo de caminos. El Gobierno provisorio amenazó con el uso de la fuerza pública, pero primó la sensatez. Y hubo diversos encuentros con facilitación: entre el TSE y los sectores sociales, con la Asamblea Legislativa, entre los tres. Hasta la presidenta-candidata convocó a una reunión a la que asistieron dos partidos marginales.

Al final del difícil camino hubo convergencia político-institucional para blindar por ley los comicios del 18 de octubre, con candados para evitar cualquier tentación de una nueva postergación. La COB y el Pacto de Unidad tuvieron que ceder declarando “cuarto intermedio” en su movilización. Quedan todavía actores radicales que exigen la renuncia de la presidenta Áñez, de un lado, y élites racistas que no quieren elecciones, por otro. Pero la gran mayoría apostó por una salida pacífica y democrática.

Luego de este período de tensión e incertidumbre, con el elevado costo de un bloqueo de caminos en medio de la pandemia, hay quienes preguntan qué se logró si las elecciones serán en la fecha establecida por el TSE. El resultado de la movilización fue cerrar la puerta a quienes apostaban por aplazar la votación sine die o, peor, exigían una nueva convocatoria. También sirvió para expresar el malestar en amplios sectores de la sociedad respecto al actual Gobierno provisorio y su gestión de la crisis sanitaria.

Logrado el acuerdo con el inestimable acompañamiento de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica, algunos actores políticos, en campaña electoral, pretendieron atribuirse la “pacificación”. Lo que existe en realidad es una tregua para llegar a las elecciones. Solo podremos hablar de paz duradera en el país cuando el otro no sea visto como enemigo al cual proscribir o hacer desaparecer, sino como semejante con el cual convivir. Con fractura social no hay pacificación ni democracia.