Finalmente fue promulgada la ley que establece que los comicios deben realizarse el 18 de octubre próximo, cerrando así una parte de la crisis social y política vivida en las últimas semanas en el país. El MAS aceptó aprobar la ley para esa fecha tras haber señalado inicialmente que no se podían postergar los comicios y que debían mantenerse para el 6 de septiembre, la anterior fecha vigente. El partido de Evo Morales apoyó también a diversas organizaciones sociales en las movilizaciones y bloqueos de carreteras que realizaron, ordenados para no aceptar la postergación de seis semanas decidida por el organismo electoral.

El TSE actuó bien al resolver la postergación a la nueva fecha debido a que la crisis sanitaria iba a estar en su peor momento a fines de agosto y principios de septiembre. Conducir elecciones en ese marco hubiera sido muy riesgoso para la salud de millones de bolivianos. Si bien el 18 de octubre la pandemia seguirá, se espera que su virulencia haya pasado y que sea relativamente seguro para los ciudadanos acudir a votar.

Como el organismo electoral no encontró consenso para establecer una fecha posterior al 6 de septiembre, al final decidió no acudir al Legislativo, como lo había hecho antes, y resolvió la nueva fecha de manera autónoma. Su presidente señala que tiene las atribuciones para hacerlo.

No se contaba, sin embargo, con la violenta e irracional reacción que tuvieron los grupos sociales, que rechazaron la nueva fecha con una fiereza inesperada. Como decimos, el propio Evo Morales apoyó esas acciones, pero al ver que cada vez perdían más legitimidad y respaldo, él y su partido empezaron a desentenderse de esas movilizaciones. Morales admitió que eran crecientemente impopulares. Por eso al final sus dirigentes aceptaron aprobar la ley y, de ese modo, se avinieron a lo que había establecido el Órgano Electoral. Aunque la dirigencia masista ha tratado de apartarse de los movimientos sociales, el grueso de la opinión pública no hace un distingo entre ambos; por algo el MAS se llama también “instrumento político” de organizaciones sociales.

Ahí surgió otro problema: algunas bases del MAS y del movimiento campesino, liderado por el resurgido Felipe Quispe, El Mallku, no aceptaron el acuerdo del Legislativo y anunciaron más medidas de presión para los próximos días, “hasta que renuncie la Presidenta”. Esto abre un nuevo frente de conflicto que, junto a las medidas altisonantes de los cívicos cruceños que han demandado la postergación indefinida de las elecciones (hasta que se supere completamente la pandemia),  la renuncia de la Asamblea Legislativa y del presidente del TSE (es decir, la desaparición de toda la institucionalidad democrática), son los dos polos extremos e irreconciliables que fracturan al país. 

Pero, además, otro de los actores que ha jugado un papel de manera cuestionable en todo el entuerto social y político de estos días ha sido el gobierno. Al principio se limitó a echarle la culpa al TSE, afirmando que el problema lo había ocasionado la postergación de los comicios. Ello era injusto, porque tanto la presidenta Jeanine Añez como varios otros portavoces del Ejecutivo demandaron que la votación no se realice el 6 de septiembre, sino después.

El gobierno, excepto el diálogo extemporáneo y de escaso éxito convocado el domingo pasado por la Presidenta, no intentó acercar a las partes ni ofrecer soluciones y simplemente dejó a su suerte al TSE. Este, sin embargo, pese a que no es su rol constitucional, asumió el desafío de llevar adelante complejas y difíciles negociaciones con el liderazgo del MAS en el Legislativo y con las cabezas de los grupos sociales que se movilizaban. Con el acompañamiento de la Iglesia Católica, NNUU y la Unión Europea, logró finalmente que la ley fuera aprobada.

Bolivia vive desafíos muy serios: por un lado, tiene un gobierno interino sobrepasado por las circunstancias; por otro, se experimenta una crisis sanitaria inédita en la historia del país; tercero, existen problemas sociales y políticos de envergadura. Las elecciones se convierten por ello en un espacio para resolver esas disputas.