Por el medio hubo un cabildo en El Alto, hasta donde se habían replegado los dirigentes y movilizados en las 20 provincias de La Paz, donde se determinó, concretamente, pedir la renuncia de la presidenta; exigir la aprobación de la Ley de Arraigo; Interponer juicio de responsabilidades por las masacres de Sacaba y Senkata; Defender los Recursos Naturales y Exigir a la Asamblea Legislativa la aprobación de la Ley de Garantías para dirigentes nacionales y departamentales en un plazo de 72 horas para que no sean perseguidos.

Desbloqueo El Gobierno amenazó pero no empleó la violencia salvo en hechos aislados, las organizaciones levantaron al paso del oxígeno

La resolución no especifica “método de lucha”, por lo que unos interpretan que los bloqueos siguen y otros que no. Lo más probable es que el fin de semana y la febril actividad comercial de El Alto lo devore todo.

El cierre en viernes luego del acuerdo en la Asamblea y las últimas pataletas de los movilizados tampoco puede considerarse una “victoria” de nadie. Así lo apuntan incluso los mediadores internacionales que el jueves tuvieron que escuchar el poco conciliador mensaje de Jeanine Áñez a la hora de promulgar la Ley que blinda el 18 de octubre como fecha electoral.

La movilización ha ajustado fuerzas entre las propias organizaciones sociales y han puesto en apuros a la dirigencia del MAS en el “exilio”. Las bases indígenas y populares han dado varios ultimátum y cachetadas a los “intelectuales” y “clase media” que “secuestraron el proceso”. La advertencia es a largo plazo, aunque el efecto electoral que ha podido causar la protesta se empezará a evidenciar en las próximas encuestas. Hay quien confía en el MAS en que en estos dos meses que todavía quedan hasta la campaña puedan sacudirse el estigma entre la clase media urbanizada y recuperar parte del voto mostrándose como solución; otros creen que son el problema. Al final, la real politik se impone: la solución pasa por las ánforas.

Los otros relatos

Hacia fuera, el conflicto empezó cuando el MAS quiso y ha acabado cuando el MAS ha querido, aunque las organizaciones sociales hayan escenificado una independencia que tiene más impacto hacia dentro que hacia fuera.

Esa situación frustra el relato del Gobierno, que trata de capitalizar la polarización y alinear a los sectores más radicales e intransigentes con el MAS – no ha habido intervención ni mano dura -, pero abre otras posibilidades entre los moderados en contraste con el pasado de Carlos Mesa – “Áñez no renunció”, dicen-.

Entre el resto de aspirantes, Luis Fernando Camacho queda tocado por su vinculación con el Comité Cívico de Santa Cruz dadas las declaraciones extremas de su “heredero”, Rómulo Calvo, que se empleó con palabras gruesas – salvajes, etc.,- contra los movilizados. El propio Camacho hizo llamados a sus seguidores para “ir a desbloquear” que quedaron en nada.

Por su parte, Carlos Mesa mantiene la posición desde su cuartel general – su domicilio – cuestionando por igual al MAS y al Gobierno, pero sabe que el incremento de la tensión le resta en sus opciones de voto útil para quienes quieren “gobernabilidad”.

Salvador Romero sale reforzado de la crisis

El presidente del TSE, Salvador Romero, es quien sale más fortalecido de la crisis, pues ha logrado la Ley que respalda su decisión de llevar adelante las elecciones el 18 de octubre dialogando con unos y otros y sin ceder a otras presiones.

A dos meses de elecciones, el TSE tiene por delante el desafío de lograr transparencia en la elección para que todos los frentes respalden el resultado. Las movilizaciones de estas semanas advierten dificultades en eso.