La Constitución Política del Estado establece: Artículo 18. I. “Todas las personas tienen derecho a la salud”, el gobierno tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud y por consiguiente la vida de millones de bolivianos y bolivianas, sin embargo el Tribunal Supremo Electoral privilegia las elecciones de los partidos con angurria de poder, sin importar la salud ni la vida de las y los electores bolivianos, con alta posibilidad de contraer el Covid-19.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina empezó a subir la curva de incrementos del Covid-19, con cerca de 9 millones de casos y ahora con 350.000 fallecidos, contagio masivo por el deficiente sistema de salud.

En Bolivia, el cocalero fugitivo jefe del MAS y su candidato Luis Arce desde sus casas de lujo promueven manifestaciones, cuando hay más de 81.000 contagiados y cerca de 3.500 fallecidos por el Covid-19, buscan desestabilizar el país. Los dirigentes de la COB, cocaleros y la Federación de Campesinos, acostumbrados a la prebenda, regalos de vehículos, construcción de hoteles y pago de viáticos para sus viajes de turismo en “representación de los indígenas”, incitan a la violencia. Los violentos causaron daños a bienes públicos, destrozaron una ambulancia, agredieron a policías, militares, trabajadores en salud y periodistas, exigiendo que las elecciones se realicen el 6 de septiembre, sin aplicar el protocolo sanitario, infringiendo la ley. Demuestran que no les interesa que sufran el contagio masivo, pues ya murieron diputados nacionales, dirigentes y fundadores del MAS.

Iniciaron los bloqueos y huelga indefinida, encabezando estas acciones la diputada Yañíquez, sin tomar en cuenta que los hospitales están colapsados, con fallecidos en las calles por el deficiente sistema de salud que nos dejó el cocalero fugitivo; se está habilitando otros espacios para cobijar a los enfermos del Covid-19 y los picos más altos de la curva de contagios del coronavirus serán en septiembre. Con ayuda de los municipios que controla el MAS, Huarachi y Felipe Quispe instaron a la ciudadanía a que se abastezcan de productos de la canasta familiar durante los bloqueos.

El representante de los mineros cooperativistas de Huanuni que ya no están bajo la férula del masismo dijo que no permitirán esas acciones de violencia de los dirigentes de la COB porque ésta no defiende los intereses de los trabajadores. Francisco Figueroa, Secretario Ejecutivo de los gremiales, manifestó que no participarán en los bloqueos ni paralizarán sus actividades comerciales. Artesanos, la COD de Potosí y Chuquisaca, COFECAY, COD de Potosí no acatarán las medidas irresponsables suicidas asumidas por la COB y los afines al MAS.

La Constitución Política del Estado establece en el Art. 124. “I. Comete delito de traición a la Patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos: 3. Que atente contra la unidad del país. II. Este delito merecerá la máxima sanción penal. El Código Penal en el Art. 123: (SEDICION) "Serán sancionados con reclusión de uno a tres años los que sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alzaren públicamente y en abierta hostilidad, para deponer a algún funcionario o empleado público, impedir su posesión, u oponerse al cumplimiento de las leyes, decretos o resoluciones judiciales o administrativos, ejercer algún acto...), por tanto estos dirigentes que incitan a la violencia y el genocidio de la población, propiciando la división entre bolivianos y bolivianas”.

Exigimos al Ministerio Público actuar de oficio, procesar a los cabecillas de la COB, los cocaleros, los colonizadores “interculturales” y los ponchos rojos, que infringen las normas, para evitar que el contagio del virus letal del Covid-19, que seguirá con los contagios y fallecimientos lamentables de familiares de los que hacen bloqueos, siga creciendo y por el daño económico al Estado por los destrozos que ocasionan.