La denuncia señala que los medios de comunicación Página Siete y el Sistema RTP habrían incurrido en la difusión de resultados de encuestas de forma no permitida por el órgano electoral. El abogado constitucionalista y representante de la alianza Libre-21, Luis Vásquez Villamor, en contacto con EL DIARIO, informó que se observaron estas encuestas al no estar realizadas de forma presencial, sino vía telefónica y se elaboraron entre los días 1 y 16 de julio, cuando regía una cuarentena que prohibía la realización de este tipo de actividades que tampoco estaban permitidas por el calendario electoral vigente.

“Las dos encuestas que hemos observado, claramente no están de acuerdo a norma. El reglamento para este tipo de difusiones señala que no deben haber encuestas que no sean del tipo presencial, además que estos trabajos se han hecho cuando no estaban dentro el calendario electoral ni dentro del decreto de cuarentena, por lo tanto han vulnerado estas normas” señaló Vásquez.

Añadió que lo que se quiere es realizar una investigación a fondo, y que este tipo de encuestas no se utilicen como un instrumento que sirva para inducir a la opinión pública y el voto del ciudadano a favor o en contra de determinado candidato.

“Claro está que quienes dirigen este tipo de investigaciones de opinión pública, están utilizándolas con objetivos absolutamente político partidarios, para promocionar a un tipo de candidatos e impedir que otros puedan ingresar dentro la consideración de la opinión pública” refirió.

Señaló que se busca que la democracia no sea gobernada ni por medios de comunicación ni por empresas encuestadoras. “Ellos deben tener una función pero esta debe estar dentro el marco de la ley” puntualizó.

Con relación a las sanciones que se espera reciban las empresas y medios infractores, agregó que la ley señala para los medios de comunicación que publiquen encuestas que vulneren normas serán prohibidos de presentar este tipo de trabajos en el futuro además de una multa. En el caso de las empresas, pueden ser objeto de una denuncia penal por delitos electorales.

“Queremos que la denuncia presentada sirva para poner un punto final a este tipo de manoseo que en el fondo lo único que persigue son intereses particulares. La política debe permitir que cada persona vote libremente y sin influencias de ningún tipo” refirió.