Pareciera que, en nuestro país, además de la crisis política, social, económica y de salud, hay una crisis de comprensión de la realidad, porque todo esfuerzo por encontrar vías de solución, encuentra oposición, aunque no se conozcan los alcances de las propuestas o argumentos de una cuestión. En ese ambiente, el diálogo político intenta encontrar por lo menos predisposición, pero se topa con el doble rostro que algunos sectores dicen sí, por un lado, y no por el otro. En ese ambiente se intenta encontrar una salida que sea aceptada por todos para pacificar al país, con la esperanza de que se impongan las expresiones de buena voluntad.

Las instituciones que tomaron la iniciativa de lograr puntos de encuentro, «tienen entre manos una papa caliente», en criterio de algunos analistas que evaluaron las posibilidades de una solución sobre la base de renunciamientos de todos los sectores, ya que están en el tapete por lo menos cinco exigencias, algunas de ellas contradictorias. El MAS junto a su aliado la COB y los movilizados, para levantar los bloqueos exigen que se adelanten las elecciones, la promulgación de la ley de arraigo que evite la fuga de las autoridades al terminar sus funciones, que cesen las persecuciones a dirigentes, y la renuncia de la presidente Jeanine Añez. Sin embargo, los asambleístas del MAS aprobaron en tiempo récord una ley que ratifica que las elecciones se realicen hasta el 18 de octubre.

Pero, además, hay otros sectores sociales que también tienen sus demandas, como los comités cívicos, la Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia (Conalde) y la mayoría de los partidos políticos, que piden el cumplimiento del ordenamiento legal y se respete el estado de derecho. Argumentan que deben aplicarse las previsiones de la Ley electoral por la que el MAS perdería la sigla; hacer cumplir los efectos que genera el fraude electoral; que se aplique la Ley contra los bloqueadores y causantes de hechos de violencia, y se aceleren las acciones judiciales por tentativa de genocidio, a los responsables de los bloqueos que impiden el acceso de medicamentos y equipos a los hospitales. Hay organizaciones que han planteado establecer los decesos por falta de oxígeno e instaurar juicios por homicidio a los dirigentes que propiciaron los bloqueos.

En ese ambiente, las perspectivas son poco alentadores para un acuerdo, pero al mismo, tiempo los promotores del diálogo creen que puede llegarse a un consenso coyuntural que permita priorizar un pacto para afrontar la pandemia, pacificar el país levantando los bloqueos, y abrir canales de negociación e investigación para los diferentes temas, que pasarían al próximo gobierno. La disputa por la fecha de las elecciones parece ser un problema menor, ya que la Asamblea Legislativa ya ratificó la fecha, y es poco probable que se insista en la modificación. Todos los partidos, incluyendo el MAS, coincidieron en que adelantar diez días como pide la COB no tiene sentido.

En esa dirección, parece probable una salida «salomónica», que olvide los problemas más complejos, ya que algunos de los argumentos de los diferentes frentes y hasta del propio TSE, están pendientes de resolución por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que debe emitir su criterio cuanto antes, ya el MAS interpuso un recurso de inconstitucionalidad para no perder su sigla. La aplicación fría de la Ley podría derivar en problemas mayores, si se toma en cuenta, que en el TCP se encuentra la consulta del Órgano Electoral sobre la divulgación de encuestas. De rechazarse el recurso, el MAS perdería la sigla y no podrá seguir en el proceso electoral, pero la misma suerte correrían otros partidos cuyos dirigentes también comentaron el resultado de encuestas sobre la intención de voto de los electores, según el TSE.

Los mediadores del conflicto señalaron que son muchos los temas en discusión, pero que en la agenda se priorizará la necesidad de que todo el país unido pueda afrontar la pandemia. El senador Efraín Chambi, del MAS, pidió a los movilizados que levanten los bloqueos para evitar mayor colapso del país, luego de aprobada la Ley que blinda las elecciones para el 18 de octubre, bajo el compromiso de las autoridades electorales de que no habría más modificaciones. El dirigente del MAS-IPSP, Gerardo García informó que las organizaciones sociales fijaron para la fecha de las elecciones el 11 de octubre y que ésta sería la propuesta para allanar el diálogo propuesto por los organismos internacionales. Buscar que las elecciones se adelanten 10 días es algo sin sentido y es un pedido que carece de argumento válido, sin embargo, bajo ese pretexto se efectúa bloqueos en lugares estratégicos, impidiendo que alimentos, oxigeno, medicamentos, equipos, y ayuda llegue a la población, en actos «criminales» que merece el más firme repudio.