La presidenta Jeanine Áñez promulgó la ley poco después de que la aprobara la Asamblea Legislativa, cuando en ocasiones anteriores se había negado a sancionar normas que emanan de un Parlamento de mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales.

Áñez compareció acompañada de representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia católica, entre otros, para mostrarse respaldada en lo que calificó de «segunda pacificación» en Bolivia tras las crisis que atravesó el país el año pasado a raíz de los fallidos comicios de octubre.

La mandataria dijo que esta vez militares y policías no intervinieron para acallar las protestas, pese a los «gritos perdidos» de manifestantes coreando «guerra civil».

«Ahora sí, guerra civil», fue un grito que ya se escuchó en noviembre pasado en el país, durante la crisis que entonces provocó al menos 36 muertes violentas, muchas por disparos en operativos militares y policiales aún bajo investigación judicial según denuncian entidades de derechos humanos de dentro y fuera del país.

La presidenta comentó en el acto de promulgación en el palacio de Gobierno en La Paz que la ley «confirma» el 18 de octubre como fecha de la votación, pero el texto dice que los comicios pueden ser «hasta» ese día como máximo y el órgano electoral es el que decide sobre la jornada electoral.

La ley sale precisamente de un acuerdo entre el Tribunal Supremo Electoral y el Parlamento, con ese mismo espíritu de dar un margen para la fecha y contribuir con ello a acabar con la crispación.

La ley no frena las protestas

Una similar rapidez que Legislativo y Ejecutivo para firmar el texto legal tuvieron los principales convocantes de las movilizaciones para responder que la ley no es suficiente.

Ya no solo piden que se respete la anterior fecha electoral del 6 septiembre, sino además reclaman que renuncie Áñez.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, advirtió de que esta organización y el Pacto de Unidad, principales convocantes, no se dan por vencidos.

Las elecciones generales estaban previstas para el pasado 3 de mayo, pero se pospusieron por la pandemia de la COVID-19, primero a septiembre y luego a octubre.

Las protestas comenzaron hace doce días tras anunciar el órgano electoral ese nuevo aplazamiento y tanto el Ejecutivo transitorio como los manifestantes se culpan mutuamente de los problemas de suministros médicos y de alimentos que sufre el país.

Al menos cuarenta enfermos murieron por falta de oxígeno medicinal, denuncia el Gobierno, mientras quienes protestan aseguran que permiten el paso de transportes para el sistema de salud, conscientes de la situación en el país por la COVID-19.

En medio de unos y otros, un grupo de avicultores botó pollos muertos y estrelló huevos en el piso en la plaza principal de la ciudad de Cochabamba, para llamar la atención de las pérdidas millonarias que sufren al no poder vender la producción mientras en otras partes del país escasean alimentos o suben de precio.