Los máximos dirigentes del magisterio expresaron «que Juan Carlos Huarachi se ha desenmascarado como activo militante del MAS y por tanto no debe señalar que estuviera representando a quienes -dijeron- son contrarios al masismo».

«Los maestros de Bolivia durante 14 años nos hemos opuesto a las medidas impopulares y dictatoriales de Evo Morales, a la Ley Avelino Siñani que fracasó, somos contrarios al MAS, no estamos con quienes corrompieron las estructuras jurídica social laborales, por tanto es un cinismo de Huarachi decir que los bloqueos lo estuvieran haciendo todos los integrantes del organismo laboral sindical», dieron a conocer el Dr. José Luis Álvarez, Wilma Plata y otros dirigentes del magisterio.

La Ley de Régimen Electoral determina que los partidos son los que ameritan presentar planes y programas de gobierno y de ninguna manera organizaciones sociales o de la COB.

Por ello la Asamblea de la Cruceñidad, optó por desconocer a Salvador Romero Ballivián y pedirle su renuncia «porque está poniendo a nuestro país al borde del enfrentamiento armado, toda vez que los militantes del MAS con fusiles en mano amenazan instaurar un régimen de facto gritando ahora si guerra civil, que pone al descubierto que el expresidente Morales dio instructiva de coaccionar la voluntad popular mediante el terror, sancionado por el código penal».

«El TSE es responsable de haber incurrido en ese grave error, toda vez que entre sus miembros tiene a un abogado que estuvo como magistrado y se supone debería dar consejos de jurisprudencia y sapiencia de derecho.

«Si esos grupos armados se presentan como sediciosos a nombre del MAS, está demostrado que dicho partido, a más del fraude electoral de octubre de 2019, intenta, por la fuerza de las armas, tomar el Poder en plena pandemia mundial y cuando ya existe convocatoria a elecciones para el 18 de octubre 2020», sostiene.

«Sentarse a dialogar «con los verdugos del pueblo» y particularmente con quien dice representar a la COB en situaciones exclusivamente políticas, partidarias, pasa de lo aceptable e ingresa en el colmo de la paciencia, el pueblo se siente afectado en sus intereses económico sociales».

Indica corresponde, «que el TSE presente querella penal en contra de quienes admitieron que instruyeron se bloquee caminos para beneficiar a un partido y como prueba adjuntar declaraciones efectuadas por Juan Carlos Huarachi y otros dirigentes campesinos a los medios de comunicación escritos televisivo radiales, lo cual es prueba preconstituida suficiente y por ende el ministerio público debe expedir mandamientos de aprehensión por ser hechos flagrantes».

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, fue terminante en sus declaraciones cuando llamó «ignorantes» a quienes atentaron y atentan «contra la vida de las personas en semejante pandemia mundial, con bloqueo de caminos y prohibición de internar alimentos para los habitantes de las capitales de departamento, son delitos de lesa humanidad que no prescriben».

¿El representante cívico manifestó «cómo es posible se ponga en la mesa de diálogo a (Huarachi) quien es un criminal que violó todos los artículos del código penal? Salvador Romero debe renunciar y el plazo que se le dio concluye, por lo que se adoptará medidas radicales si no lo hace».

«Las organizaciones cívicas de Bolivia apoyan esa decisión y además exigen que el TSE dé a conocer cuál fue el tenor de los requerimientos fiscales a los memoriales que presentaron por fraude electoral, donde en su aclaratoria, solo sindica e identifica a los ex miembros del anterior tribunal, denominados por el pueblo como la «banda de los siete», y no da a conocer que la denuncia es principalmente contra Evo Morales, Álvaro García Linera, Luis Arce Catacora y otros, es una falacia dicha presentación de memorial en la que no identifica a los principales autores que se hubieran beneficiado con el fraude, denunciado y probado por la OEA y por Almagro» acota.