Ha ayudado al curso de la radicalización de los movilizados la ineptitud de las autoridades de gobierno que nunca se sabe si cumplen las funciones de Estado que les corresponde o son voceros electorales. Además, la situación se ha complicado con la aparición, bajo diferentes nominaciones y lealtades, de jóvenes violentos que han decidido transformarse en paramilitares al servicio de sus respectivas causas (todas, en todo caso, difusas) y aparentemente sin que rindan cuentas a nadie.

A su vez, los comités cívicos (cuyo arraigo en sus departamentos es cada vez más débil, incluido el de Santa Cruz, por el uso sectario de la institución por sus actuales dirigentes y su peligrosa demanda, lindante con el desacato de que renuncie el presidente del Tribunal Supremo Electoral) han optado por apoyar los postulados de una candidatura, que clama porque se anule el proceso electoral, pues sabe que no tiene mayores chances de obtener buenos resultados, contando con el aplauso de algunos sectores de clases medias provincianas cuya vocación democrática deja mucho que desear, si es que la tienen.

En ese escenario, las pocas voces que convocan a la sensatez y actúan conforme a la Constitución y las leyes como, por ejemplo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, no son escuchadas y comienzan a aparecer en las redes sociales personas que, en consonancia a su apoyo a los neo paramilitares, claman por un Pinochet o un Banzer.

Y por si faltaran síntomas, vivimos la pandemia del coronavirus que, sin duda, nos afecta física y mentalmente, con crecientes síntomas de depresión y temor.
Se está creando, pues, un escenario de violencia, y, como se sabe, es fácil desatarla. Lo que cuesta es recuperar la pacífica convivencia, porque con el ejercicio de la violencia como método de actuación política se abren heridas que son muy difícil de restañar y se termina de arrasar la institucionalidad estatal que garantiza los derechos de la ciudadanía, y es sustituida por el arbitrio del tirano de turno y su corte de seguidores.

En el país hemos vivido situaciones similares a lo largo de la historia, y esta también nos muestra, creo que sin excepciones, que el resultado para el bienestar ciudadano ha sido siempre desastroso. Basta recordar, como sostén argumental, precisamente los largos años de dictadura militar que transcurrieron entre el golpe militar con apoyo civil del 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982, cuando los militares fueron obligados a retornar a sus cuarteles (señalo, para las personas que exigen precisión, que en esos largos 18 años hubo tres cortísimas primaveras democráticas entendidas como la designación de autoridades mediante elección popular).

Pero, esos antecedentes no deben deprimirnos sino obligarnos a redoblar esfuerzos para exigir que se encuentren caminos de solución pacífica de las controversias. Para ello, un primer paso es desarmarnos y ver en el otro, quien sea, una persona con la que debemos convivir y acordar porque hay muchas más ideas y actividades que nos pueden ayudar a encontrar espacios de concertación y que las diferencias no significan convertirnos en enemigos sino en adversarios, concepción básica para consolidar el sistema democrático.

En ese sentido, conviene leer el comunicado El camino es la paz y el entendimiento que el lunes 11 han publicado la Conferencia Episcopal Boliviana, la Delegación de la Unión Europea y Naciones Unidas en Bolivia, en el que además de dar su pleno respaldo a los vocales del TSE, convocan al diálogo entre los sectores en conflicto, y concluyen señalando que:
“Creemos en el diálogo como el instrumento adecuado para construir acuerdos y garantizar un camino de justicia, progreso en paz, entendimiento, salvaguarda a los derechos humanos y respeto entre todos. 

“Este es el momento para buscar el bien común, para mirar hacia el futuro, no para poner en peligro la convivencia pacífica, democrática e institucional entre todos los bolivianos y las bolivianas y, menos aún, la salud y la vida de su población”.

Creo que nuestro deber es apoyar estas iniciativas.