Momentos de alta volatilidad político/social, con tintes culturales, inclusive o de conflagración bélica son propicios para que regímenes de fuerza, arguyendo la infame razón de Estado, persigan a ciudadanos en nombre de tal especie. Las más de las veces como amenaza y otras, como acción efectiva. Dada la euforia con la que se actúa en dichas circunstancias, la ecuanimidad brilla por su ausencia.

Así lo muestran dos casos, el más emblemático a escala mundial, y el más sonado en su tiempo y hoy prácticamente olvidado a escala nacional.

Sobre aquel, seguramente usted ya supo identificarlo. Sí, el célebre “caso Dreyfus”, el militar francés de origen judío despojado de sus honores tras ser declarado culpable de traición por una supuesta venta de información al enemigo; honores que le fueron restituidos 12  años después, luego de descubrirse al autor de la infamia en medio de un ambiente de intrigas que dividió a la sociedad.

La rehabilitación de Dreyfus fue posible al generarse el apoyo de una parte de la ciudadanía que señalaba las notorias inconsistencias de la acusación y del proceso. Un elemento central del reclamo fue el involucramiento de Emile Zola, quien con su texto Yo acuso denunció el exceso que se había cometido y abogó por su reparación. Se dice que esta acción –la de un escritor tomando partido- dio origen al concepto de intelectual que conocemos hoy.

Por nuestro lado, tenemos el caso de Elías Belmonte –el “Dreyfus boliviano” que no tuvo a un Zola a su lado-, defenestrado sin juicio por “alta traición” luego de culpabilizarlo de la autoría y porteo de una carta en la que anunciaba la preparación de un golpe de Estado para instaurar un régimen afín al de la Alemania de Hitler. Belmonte tuvo que esperar más de tres décadas para que el Estado boliviano le restituyera sus derechos ciudadanos y lo premiara con su ascenso a general, al conocerse, por boca del propio sujeto, que un espía inglés había falsificado la misiva.

Con lo antedicho, pensar en aplicar el artículo 124 de la Constitución Política del Estado a las acciones que el expresidente Morales Ayma promueve desde que huyó del país es altamente aventurado, aunque no deja de ser tentador.

Si nos atenemos al enunciado de dicho artículo, el señor en cuestión cumple con ciertas condiciones para ser sometido a un juicio que podría llevarlo a purgar la pena máxima contemplada en nuestras leyes:

“Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos:

 3. Que atente contra la unidad del país”.

El mismo artículo menciona “complicidad con el enemigo en caso de guerra internacional”.

Evidentemente, al no encontrarnos en una guerra internacional, tal argumento no tendría sustento, pero el país se encuentra librando una guerra no convencional de carácter sanitario. Las guerras son, por antonomasia, un escenario de unidad de la sociedad ante el “enemigo”, en este caso, la calamidad pandémica, y las órdenes emanadas desde Buenos Aires no hacen otra cosa que coadyuvar a que ese enemigo se expanda dejando muerte y desolación entre los bolivianos. Evitar que el oxígeno llegue a quienes padecen la enfermedad es equivalente a bombardear hospitales en tiempo de una confrontación bélica real.

Si las acciones de Morales Ayma y sus huestes no califican como traición a la patria, no sé cómo se las puede llamar.