La nueva legislación, sancionada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), al final de un rápido tratamiento, es fruto de los consensos logrados de manera previa entre los senadores de las bancadas de la Cámara Alta: (MAS, UD y DC). Esos acuerdos comprometían la inmediata suspensión del bloqueo de carreteras de las organizaciones sociales del MAS.

Y es, precisamente, la urgencia de poner fin a los bloqueos iniciados a principios de agosto con consecuencias negativas crecientes para la paz social, la salud de los enfermos –no solo de Covid-19– que requieren oxígeno, el abastecimiento de alimentos en los centros de abasto y la actividad de varios sectores económicos, como el transporte pesado, que había motivado dos iniciativas de diálogo para buscar soluciones a los conflictos desatados por los movilizados que exigían, en primera instancia, el adelanto de las elecciones fijadas para el 18 de octubre.

Esas iniciativas: una del TSE y la ALP, y otra del Gobierno, no dieron los resultados esperados. Y las demandas de los movilizados aumentaron, al punto de que otros sectores no afines al MAS y liderados por Felipe Quispe, el Mallku, reclaman la renuncia de Jeanine Áñez a la presidencia del Estado.

Finalmente, la esperada ley está promulgada, se disipa la incertidumbre sobre de la realización de las elecciones generales, pero aumenta el descontento de la COB y el Pacto de Unidad, afín al MAS, que se declaran “traicionados” y persisten en sus movilizaciones. Además, los sindicatos campesinos liderados por Quispe tampoco están dispuestos a renunciar a su demanda.

Tiene mucha razón la Presidenta al constatar que la pacificación se está construyendo, pero extraña que ese su enunciado tenga como único complemento “el amor al prójimo” y la convicción “de que es posible una Bolivia democrática, donde todos tienen un lugar digno y la convivencia consiste en que todos se respeten y en que todos nos ayudemos mutuamente”.

Esa construcción de las condiciones para una pacificación total del país, es ahora responsabilidad plena del Gobierno –y no del TSE como señala una diputada masista. Es de esperar que la Presidenta y sus ministros tengan una estrategia de apertura y búsqueda de acercamiento con los sectores que se mantienen movilizados, y la ponga en práctica lo antes posible para restablecer la paz social.